Redacción Política
El presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de protección e inmunidad para la Comisión de la Verdad, que investiga los casos de violaciones a los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988.
El Jefe de Estado manifiesta que en ese período se denunciaron torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves y atentatorios a los derechos humanos, como parte de una política de Estado, que deben ser esclarecidos.
Por tal motivo, dice que el Estado debe ofrecer a sus miembros las garantías correspondientes, que impidan persecuciones políticas o de cualquier tipo en su contra, derivada de las altas misiones encomendadas.
El proyecto determina que los miembros de la Comisión de la Verdad gozan de inmunidad penal y administrativa por las conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final y cualquier otro documento hecho público.
Se consideran para estos efectos miembros de la Comisión de la Verdad a todos quienes hayan participado en este proceso investigativo, sea directa o indirectamente.
La Comisión podrá mantener en absoluta reserva toda la información que haya logrado documentar, así como la identidad de sus testigos y colaboradores hasta que sean puestos a consideración de las autoridades pertinentes.
En caso de considerarlo necesario, antes o después de la presentación de su informe final, requerirá a la Fiscalía se acoja dentro de su programa de protección a víctimas y testigos, a sus miembros o aquellas personas que hayan contribuido dentro del proceso de investigación realizado por la Comisión.