Redacción Judicial
Todos los miembros de la Comisión de la Verdad podrían recibir un escudo legal contra demandas penales, civiles y administrativas.
Esta es la intención de la Presidencia, que remitió ayer un proyecto de ley a la Asamblea Nacional.
28 meses
de trabajo ha tenido la Comisión, desde su creación por Decreto de la Presidencia.
La Comisión de la Verdad empezó a trabajar el 3 de mayo de 2007. Ese día se firmó el Decreto Ejecutivo que la facultaba a indagar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ocurridas desde 1984.
La Comisión está integrada por los comisionados Elsie Monge (su titular), monseñor Alberto Luna Tobar, Julio César Trujillo y Pedro Restrepo Bermúdez. Su secretario ejecutivo es Cristhian Bahamonde.
Para su trabajo también cuenta con Comité de Soporte, que está conformado por Mireya Cárdenas, Clara Merino, Francisco Acosta y Ramiro Ávila. Ellos son familiares de víctimas de supuestas violaciones de DD.HH. cometidas por agentes del Estado. También hay un delegado del Gobierno.
Asimismo, cuenta con equipos de comunicadores, investigadores, abogados y psicólogos.
El proyecto de ley de la Presidencia cubre a todos. Específicamente, señala que deberán contar con inmunidad todos quienes directa o indirectamente trabajaron en la Comisión.
También se propone que se faculte a la Comisión para mantener en “absoluta reserva” toda la información que logró conseguir. Esto incluye la identidad de sus testigos y colaboradores, “hasta que sean puestos a consideración de las autoridades pertinentes”.
El proyecto plantea que esos testigos sean incluidos en el Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía.
Según los archivos de la Comisión, se determinó que la mayoría de denuncias corresponde a tortura y privación ilegal de la libertad.
Pero también hubo casos de violencia sexual, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. De estos casos, el 58% ocurrió durante el período 1984-1988, en la Presidencia de León Febres Cordero.
Está previsto que su informe final se presente a fin de mes; pero la Comisión gestiona que se amplíe el plazo por unas semanas.