La construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco constituyó un auténtico dolor de cabeza.La detección de fallas técnicas, primero, y un reciente informe de la Contraloría que revela que se han efectuado pagos sin justificación legal a la empresa Odebrecht por un monto de USD 57,9 millones ponen a esta importante obra en la palestra del debate nacional y muestran lo que no se debe hacer, cuando se trata de los recursos públicos que el Estado está obligado a cuidar como sagrados. El contrato fue firmado en el año 2000.
La empresa de capital brasileño financiaba la obra con un crédito del Banco de Desarrollo del Brasil. En 2006 la firma presionó a Hidropastaza un pago adicional por las condiciones de riesgo, como si no se hubiese conocido desde antes que la ubicación geográfica de la central estaba en una zona de alto riesgo sísmico: cerca del volcán Tungurahua.
Sin embargo del pago solicitado, las obras de protección fueron ejecutadas parcialmente. La empresa no solamente solicitó ese pago, reclamó además un ajuste de USD 29,2 millones por diferencial cambiario de la conversión a reales, y se acordó un ajuste de 15,7 millones por costos. El inicio se retrasó 47 meses ya que el crédito no fue entregado a tiempo. La obra costó 369,4 millones. Lo firmado fue 286,8 millones. El Estado ha planteado un arbitraje internacional y estima que los daños s ascienden a USD 210 millones.
La Contraloría, según la normativa vigente, que se impone revisar, solamente puede emitir informes a posteriori, cuando la lógica dice que debería revisar los procedimientos antes de firmar contratos. El mal ejemplo de San Francisco obliga al Estado y los fiscalizadores de obras públicas a estar con los ojos bien abiertos en grandes proyectos donde los dineros públicos están en juego.