Redacción Sociedad
La Contraloría puso en aprietos al ministro de Educación, Raúl Vallejo, y a otros altos funcionarios de esta Secretaría de Estado.
Luego de realizar un examen especial al período abril 2007 a junio 2008, el organismo de control determinó responsabilidades culposas en el caso de Vallejo y civiles en los representantes de las asociaciones de empleados.
También determinó responsabilidad administrativa, civil y solidaria en contra del ex subsecretario administrativo y financiero, Guido Rivadeneira.
Contraloría cuestionó el manejo de campañas publicitarias por radio y televisión. Estableció la falta de seguimiento y control de gasto en los convenios suscritos con la Corporación Editora Nacional, la Fundación Hernán Malo y la Fundación Acción por la Niñez. Por ello determinó que los involucrados deben pagar multas por USD 1,6 millones.
Raúl Vallejo convocó ayer a una rueda de prensa a las 15:30. En 45 minutos se centró en explicar qué significa una responsabilidad dolosa y culposa.
Pero cuando topó los puntos glosados por Contraloría no tuvo mayores explicaciones. Vallejo terminó por reconocer que sí pagaron el IVA en un contrato entre el Ministerio de Educación y la empresa Infolink, pese a que no debía hacerlo legalmente. El funcionario dijo que eso fue un error administrativo, pero que en el momento se toman acciones para la devolución de esos recursos.
También reconoció que sí hubo excesos en la impresión de los textos, como lo establece el informe.
Tampoco pudo explicar el acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) por USD 17,3 millones para impulsar la universalización de la educación básica.
Entre abril de 2007 y junio de 2008 se habrían transferido USD 17,3 millones a este organismo internacional sin que se adjunten justificativos del caso.
Vallejo reconoció que el Ministerio de Educación pagó a la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse) más de lo que este organismo canceló en la subcontratación de libros. Pero indicó que eso no es un perjuicio para el Estado, “porque es una entidad desconcentrada, pero parte del Ministerio de Educación”.
Criticó el hecho de que se haya difundido un informe preliminar de Contraloría y que tiene 30 días para descargar las observaciones.
Por ello, Educación envió a diario Expreso, que realizó las denuncias, un oficio para que certificara los reportajes publicados e incluso los que estaban por difundirse. Pero aclaró que eso no significa que está en contra de la libertad de prensa. Y anunció que los 800 empleados deben devolver USD 450 000 utilizados como ‘estímulos’, gastos que también observados por la Contraloría.