Redacción Tulcán
Un retrato ampliado del actor Charles Chaplin apenas se distingue por la poca luz dentro del ‘night club’ El Beso. En la pista de baile hay cables de electricidad que cuelgan en el techo y están regados en el piso de cerámica partido y sucio.
Sobre las camas de piedra, las sábanas están sucias y los colchones, en mal estado. En estas condiciones, las trabajadoras sexuales ecuatorianas y colombianas tienen que laborar todos los días.
7 burdeles
funcionan en Carchi y en ellos trabajan alrededor de 70 trabajadoras sexuales. Hace tres semanas, el intendente Ernesto Flores clausuró el local y advirtió a la administradora que si no hacía mejoras, el cierre sería definitivo. Pero al siguiente día, el local se abrió. Los clientes ingresaban por un agujero que se abrió en una de las paredes.
Las denuncias de que a pesar de la clausura se seguía atendiendo llevaron a la Policía a realizar un nuevo operativo esta semana.
Esta vez, la Policía no solo verificó que el local estaba en las mismas condiciones, sino que además tenían a una menor trabajando. Era una joven lojana de 17 años, quien aseguró que fue obligada a prostituirse.
Su madre puso la denuncia ante la Fiscalía de Carchi y la Policía la pudo rescatar. Dos empleados de El Beso fueron detenidos por trata de personas.
Flores anunció que el local será clausurado definitivamente por reincidencia. Tanto en la Fiscalía como en la Intendencia hay un amplio expediente de este centro de tolerancia.
El anterior dueño fue condenado a 8 años de cárcel en junio pasado por posesión de droga y armas, que se hallaron en el interior del sitio. Flores cuenta que hace meses atrás supuestos encapuchados asaltaron a los clientes. “Les quitaban sus pertenencias y les amenazaban de muerte”.
En la investigación se determinó que los empleados de El Beso simulaban los asaltos y ocultaban sus rostros con pasamontañas. Para los atracos eran apoyados por las trabajadoras sexuales.
A pesar de las irregularidades detectadas en este sitio, las mujeres defienden al negocio. “Apenas gano USD 5 por cliente y envío dinero a mi familia que vive en Colombia”, dice una joven de tez negra. De las condiciones en las que laboran las trabajadoras sexuales en Carchi hay un informe del Observatorio del Delito de Nariño.
Luis Cabrera, su coordinador, manifestó que además de la explotación por las bajas remuneraciones, las trabajadores sexuales no concurren a los dispensarios de salud o a los controles de profilaxis. “No les obligan y eso es un riesgo por las enfermedades de transmisión sexual que afectarían a los ecuatorianos”.
Estos controles competen a la Comisaría de Salud. Incluso ellos se encargan de extender los permisos de funcionamiento.
Según William Salazar, comisario de Salud, para que un centro obtenga el documento debe cumplir con mínimas normas de higiene. “Tener ducha de agua caliente, sábanas limpias, colchones en buen estado”. Sin embargo, El Beso y otros dos locales obtuvieron el permiso el año anterior sin cumplir esas normas.
Del control profiláctico indicó que se complica cuando hay trabajadores sexuales colombianas indocumentadas. “Ellas no van al control y cuando hay batidas se esconden”. Según Salazar, no pueden obligarlas a que vayan”.