Igual que hace dos meses lo hiciera el gobierno italiano dirigido por Silvio Berlusconi, el parlamento español ha redactado una ley dura y socialmente insensible contra los inmigrantes, con normas que atentan contra los más elementales derechos de las personas.
La reacción en contra de las nuevas regulaciones aprobadas en España ha sido inmediata. Cientos de entidades que protegen los derechos del inmigrante y que luchan por la libre movilidad internacional en función del trabajo y las oportunidades de desarrollo aseguran que ese tipo de legislaciones son similares a la que dictó el gobierno del ex presidente norteamericano George W. Bush y que recibió un rechazo mundial.
Expertos aseguran que esa filosofía restriccionista y discriminatoria es la expresión de una postura antimigratoria extremista que no solamente perjudica al libre tránsito de las personas sino a las relaciones entre países y regiones.
El progreso de la ley española se produjo pese a que en junio del año pasado el Gobierno ecuatoriano criticó las normas contra la migración irregular aprobadas por los ministros de la Unión Europea (UE) y pidió la derogatoria de la ley que castiga con cárcel a los extranjeros indocumentados en su territorio.
A esa decisión se sumaron otros gobiernos sudamericanos como Bolivia y Perú, pero la respuesta de los gobiernos europeos ha sido de indiferencia y, en el peor de los casos, de acciones totalmente contrarias pues más bien aceleraron los procesos legislativos para que las normativas entren en vigencia.
Es claro que si no rectifica su actitud, la política del estado español no contribuirá a una relación respetuosa e igualitaria entre los pueblos.