Brasilia, DPA
El ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, y los comandantes de las tres Fuerzas Armadas amenazaron con dimitir la semana pasada, en protesta por la creación de una “Comisión de la Verdad” para investigar violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985).
Según aseguraron hoy los diarios brasileños “O Globo” y “O Estado de Sao Paulo”, los pedidos de renuncia fueron presentados el 22 de diciembre último, un día después de la presentación del proyecto, y fueron rechazados por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien prometió a Jobim revisar el texto antes de enviarlo al Congreso.
La creación de la Comisión Nacional de la Verdad forma parte del III Programa Nacional de Derechos Humanos, lanzado por Lula para identificar a los responsables de las torturas a casi 20 000 personas y del asesinato de unos 400 opositores políticos durante el período autoritario.
El texto fue elaborado por el ministro jefe de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quien afirmó que el grupo buscará “rescatar las informaciones sobre todo lo que pasó en el período de la represión dictatorial reciente en la historia de Brasil”.
Según Vannuchi, existe la posibilidad de encausar penalmente a los responsables de violaciones de los derechos humanos, en caso de que el Supremo Tribunal Federal (STF) acepte el argumento del gobierno de que los responsables de ese tipo de delito no están protegidos por la Ley de Amnistía, dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.
Por esta razón, la propuesta incluye una referencia a la posibilidad de anular “las leyes remanentes del período 1964-1985 que sean contrarias a la garantía de los derechos humanos”.
Pese a que fue antecedido de largas negociaciones con los sectores castrenses, el texto final del proyecto generó indignación entre los militares, que lo tildaron de “revanchista”, al no incluir entre los investigados a integrantes de grupos armados de izquierda que practicaron delitos en su lucha contra la dictadura.
“Si quieren poner a generales y coroneles en el banquillo de los acusados, pongamos también a Dilma y a Franklin Martins”, afirmó a “O Estado de Sao Paulo” un general, al aludir al ministro jefe de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, Franklin Martins, y la ministra del Gabinete Civil, Dilma Rousseff, candidata oficialista a los comicios presidenciales de octubre próximo, quienes integraron grupos armados de izquierda en el pasado.
Según “O Estado de Sao Paulo”, al negarse a aceptar las renuncias de Jobim y de los comandantes del Ejército, Marina y Aeronáutica, Lula prometió solucionar “políticamente” el tema, y pidió al ministro de Defensa que asegure a los militares que su gobierno no será “portavoz de medidas que revoquen la Ley de Amnistía”.
El rotativo dijo que la promesa del mandatario logró calmar los ánimos, pero no disipó totalmente la tensión en los medios castrenses: “Así actúa Lula: trata de empujar la crisis hacia adelante y nosotros nunca logramos salir de ese ambiente de amenaza”, expresó en entrevista al diario un brigadier, quien tampoco fue identificado.
La Presidencia brasileña no comentó de inmediato la información sobre una crisis militar. El ministro Vannuchi admitió que tuvo “discrepancias” con su par de la Defensa, pero aseguró que ignora el supuesto pedido de renuncia: “Estuve con el presidente de la República el 23 de diciembre y él no me dijo nada sobre eso”.
El jefe de la Secretaría de Derechos Humanos opinó además que “no hay clima” para una renuncia colectiva de los comandantes de las Fuerzas Armadas: “Es como hablar en rayos en cielo azul, en tempestad en un vaso de agua”.