Redacción Política
Hasta febrero de 2010, la Asamblea Nacional deberá aprobar las 11 leyes prioritarias que determina la nueva Constitución para su inmediata vigencia. Los plazos avanzan con rapidez y apenas una de ellas -la del Registro de Datos-, está en segundo debate.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cada proyecto de ley debe sortear un largo procedimiento. Primero, el documento tiene que ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde se revisa el cumplimiento de determinados requisitos formales.
Luego de este proceso, la propuesta legal pasa a una de las 13 comisiones especializadas que tiene la Asamblea o a una de las cuatro ocasionales que se crearon en septiembre pasado para agilitar el proceso de análisis.
Es posible que, sobre una misma ley, se presenten varios proyectos. Por lo que es potestad de la comisión unir los documentos, o priorizar uno de ellos y dejar al resto como informes de minoría.
En un plazo de 45 días, los asambleístas que integran una determinada comisión deben elaborar el informe de la ley y presentarlo al Pleno legislativo para que este lo discuta en primer debate. Ese es el espacio donde se realizan las primeras observaciones y ajustes propuestos por la Asamblea. De inmediato, dichas observaciones pasan de nuevo a la comisión para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate.
En este momento, el Pleno en su conjunto aprueba la ley y de inmediato remite su texto al Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días, lo sancione (apruebe) u objete, total o parcialmente.
Si el proyecto es objetado por el Presidente de la República, el texto debe regresar al Legislativo para que se acojan los cambios propuestos.
Para tal efecto, la Asamblea solo requerirá del voto de la mayoría del Pleno. Pero si el Legislativo quiere insistir en los textos que aprobó inicialmente, necesitará de las dos terceras partes de la cámara.
De los 11 proyectos que están en discusión, siete fueron presentados por la Presidencia de la República. Estas leyes son: las de Servicio Público, de Cultura,Código Territorial, Educación General, Aguas, Educación Superior y las reformas al Código Penal Policial y Militar. Las cuatro leyes restantes cuentan con el respaldo de la bancada de Alianza País (Comunicación, Deporte, Participación Ciudadana y Registro de Datos).
Todas ellas tienen como hilo conductor el control y la regulación estatal, desde donde el Ejecutivo amplia su poder y capacidad administrativa a partir de los organismos y sistemas nacionales que se sugieren para tal efecto.
Este Diario recopiló los principales puntos de nueve de las 11 leyes. Se excluyeron la Ley de Comunicación, ampliamente analizada en ediciones anteriores, así como las reformas al Código Penal Policial y Militar, por no tratarse de una ley orgánica.
Educación Superior
Primer debate
10 de noviembre de 2009
Crea el Sistema Nacional de Ecuación Superior (art. 11) que posee responsabilidades de control, evaluación y aseguramiento de la calidad de educación.
Este sistema se articula al Plan Nacional de Desarrollo. Los organismos que rigen este sistema son el Consejo de Educación Superior y el Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
El Consejo de Educación Superior estará integrado por cuatro representantes del Ejecutivo, seis de las universidades y un representante estudiantil. El Consejo Nacional de Acreditación lo integrarán tres delegados del Presidente y dos miembros de un comité elegido de entre 7 especialistas.
Ley de Aguas
Primer debate
10 de noviembre de 2009
Propone la creación de la Autoridad Única del Agua (art. 213), responsable de la rectoría, planificación, gestión, regulación y control de la gestión integrada de los recursos hídricos con jurisdicción en todo el país. Esta autoridad entregará las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua.
La Autoridad Única del Agua se plantea la creación de organismos que, en conjunto regularán y administrarán el recurso. Uno de ellos será el Consejo Nacional y Plurinacional del Agua con participación y control de las políticas desde la sociedad civil.
El proyecto prevé un Observatorio Social de Agua , la Agencia de Control, el Registro Público del Agua y una Autoridad de Demarcación Hídrica.
Ley de Comunicación
Primer debate
Jueves 10 de diciembre
Este proyecto crea el Sistema de Comunicación Social para ejercer el derecho de las personas a la comunicación.
El Sistema Nacional estará conformado por el Consejo de Comunicación (art. 72) que tiene como integrantes a dos delegados del Poder Ejecutivo. Los otros cuatro serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana: tres representan a la ciudadanía y uno a las facultades de Comunicación.
Este Consejo llevará un registro de los medios de comunicación y auditar el tiraje y sintonía de los medios.
La ley prevé aplicar sanciones administrativas a los medios de manera paralela a las establecidas en los códigos Penal y Civil.
Servicio Público
Primer debate
24 de octubre de 2009
A través de esta propuesta se busca impulsar el desarrollo profesional, técnico y personal de los servidores públicos para contribuir a la productividad del Estado y sus instituciones.
Se plantea que el Ministerio de Relaciones Laborales (art. 56) sea el organismo que ejerza la rectoría de la administración y control mediante inspecciones, verificaciones y evaluaciones de la gestión.
También está prevista la creación de varios organismos, entre los que se encuentran el Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos. En esta entidad se desarrolla un conjunto de políticas orientadas a hacer valer los derechos de las personas que asumen el rol de servidores públicos.
Código Territorial
Primer debate
24 de octubre de 2009
Regula la organización político administrativa del Estado en el territorio, en todos los niveles de Gobierno con el fin de garantizar la autonomía política, administrativa y financiera.
Dispone la creación de un Consejo Regional (art. 31) que será un órgano de legislación y fiscalización. Los integrantes serán designados por votación popular y su presidente será el Gobernador Regional. Este Consejo no podrá interferir en la gestión de la funciones del Estado.
También se articula el Consejo Nacional de Competencias, integrado por un representante del Ejecutivo y seis de los gobiernos seccionales. Determinará, monitoreará y autorizará las competencias que deben ser transferidas.
Datos Públicos
Segundo debate
9 de diciembre de 2009
El proyecto de ley busca regular el sistema de registro de datos públicos y el acceso a la información generada en entidades públicas y privadas. Estas entidades tienen la responsabilidad de la protección y control de los datos, que se estipulan serán públicos y de gratuita difusión, salvo los de carácter personal.
Se prevé la creación del Sistema Nacional de Registro de Datos (art. 29), conformado por los registros Civil, de la Propiedad inmueble, mercantil, societario y otras entidades que manejen información de carácter público.
Dentro del Sistema Nacional consta la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que estará adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones.
P. Ciudadana
Primer debate
2 de noviembre de 2009
Este proyecto, propicia y garantiza el ejercicio de los derechos de la participación ciudadana y de organización colectiva autónoma, e instituye instancias, mecanismos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad.
A través de este proyecto se garantiza la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia de la ciudadanía, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social. A la vez, sienta las bases para el funcionamiento de la llamada democracia participativa.
Garantiza la participación de personas y colectivos en el debate, toma de decisiones, seguimiento de las políticas y de los servicios públicos así como el control social.
Ley de Deporte
Primer debate
1 de diciembre de 2009
Este proyecto regula el deporte, educación física, recreación y establece las normas a las que deben sujetarse para mejorar la condición física de la población.
Se determina que el Ministerio del Deporte (art. 13) sea el órgano planificador y rector. Establece, ejerce, garantiza y aplica las políticas y los planes . Tiene jurisdicción nacional, y facultad privativa de control.
A este Ministerio, las organizaciones deportivas, que reciban recursos públicos, tendrán la obligación de presentar la información de su gestión financiera, técnica, administrativa y el plan anual para la entrega de presupuesto. Las organizaciones deportivas deberán presentar evaluaciones semestrales.
Ley de Cultura
Primer debate
1 de diciembre de 2009
La propuesta define las potestades, competencias y obligaciones del Estado en el ámbito cultural para el diseño de políticas públicas a largo plazo.
Determina la creación del Sistema Nacional de Cultura (art. 63) para garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Se trata de un conjunto de instituciones, sujetos públicos, sociales y privados. A este sistema le corresponde el desarrollo y ejecución de políticas públicas.
El Estado crea el Sistema Nacional de Cultura quienes deberán establecer políticas de cogestión.El organismo estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y colectivos. E l Ministerio de Cultura ejercerá la rectoría.
Puntos de vista
El exceso de control vulnera otros derechos
Farith Simon, analista jurídico
Esta Constitución da mucho poder al Estado a través de marcos de regulación y control, donde el Ejecutivo, como es el caso de la Ley de Educación Superior, tiene un amplio poder que no se establece en la Carta Política. Yo creo que el exceso de la participación estatal pone en riesgo el derecho de las personas. Y, aunque el fin sea desarrollar el control estatal, en muchos de los casos se excede los límites de la Constitución. Estas leyes pueden volverse medidas peligrosas si llegan a vulnerar los derechos. También pongo reparos a la participación social, con la cual se construyeron estas leyes, porque ha sido instrumental y solo para justificar decisiones.
Hay que recuperar la capacidad reguladora
Ana María Larrea, Senplades
Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es recuperar algunas facultades que el Estado había perdido. La falta de control y regulación, en muchas esferas de la vida pública, han conducido a un debilitamiento. Hay muchas leyes que fortalecen esta capacidad ya que si queremos dejar todo a la regulación del mercado, lo que promovemos es un sistema injusto y desigual. Es importante que el Estado recupere la capacidad de control y regulación, de la mano d el control social en sectores estratégicos como el agua, educación y comunicación. A diferencia de gobiernos pasados, en este se abrió un interesante espacio de participación y debate.
¿Un Estado vigilante o un Estado participativo?
Francisco Rhon, politólogo
El Ejecutivo tiene iniciativa para enviar leyes y lo hace en el marco de una Constitución que busca el reposicionamiento del Estado. No solo estas leyes se están poniendo en discusión, sino también la forma en que está redactada la relación Estado-sociedad y la fuerza que se otorga al Estado desde la Constitución . Yo veo que en este debate puede existir un problema de compresión sobre si el Estado debe convertirse en una especie de vigilante sobre los demás o si es capaz de generar democracia y ciudadanía sustentables.
La participación social debe ser activa, pero el Gobierno no ha propuesto al país discutir lo esencial de estas leyes.