Enrique Ayala Mora
Una vez más la ley del garrote se ha aplicado en la sede de la razón. El Consejo Universitario de la Universidad Central fue violentamente asaltado por una turba que intentaba impedir por la fuerza una reforma de sus colegios anexos. Las puertas del rectorado fueron destrozadas con arietes, encapuchados vociferantes se apoderaron del local del Consejo y secuestraron a sus miembros, el Rector y varias autoridades y delegados estudiantiles recibieron patadas y palazos que los llevaron a una clínica.
Todo esto sucedió mientras las cámaras de un canal de televisión filmaban las escenas. Antes el garroterismo eludía a la prensa y agredía desde las sombras. Ahora lo hace delante de los medios de comunicación para que todos vean lo que les puede pasar si se empeñan en quitarles sus privilegios. En los últimos tiempos esa ha sido la realidad. Han agredido en público para generar temor. Solo así se entiende la escena surrealista del presidente de la FEUE Nacional subido sobre la mesa directiva de la sala arrasada del Consejo Universitario, blandiendo una bandera y recitando un discurso.
El hecho pudo ser todavía peor, porque la Policía tardó muchísimo en intervenir. Fue llamada insistentemente por el Rector, pero se le pidió comunicación escrita mientras casi lo masacraban. La fuerza pública entró al fin y logró detener a algunos de los asaltantes.
Este acto no debe quedar impune. Los responsables deben ser debidamente acusados, juzgados y sentenciados. También la Universidad Central debe sancionar a sus alumnos, docentes o empleados que hubieran participado en la agresión. La reforma institucional no debe detenerse, pese a que la amenaza de la violencia seguirá latente. Y el Movimiento Popular Democrático deberá responsabilizarse de su práctica de manipulación de los estudiantes.
Pero este repulsivo acto no debe ser causa de tergiversaciones. El que dirigentes de la FEUE hayan participado en los hechos no implica a todos los estudiantes. En realidad, como Fernando Morales, dirigente de la Central, lo dijo valientemente ante los medios, la mayoría de los alumnos y de los dirigentes estudiantiles de la universidad condenan el acto y quieren que, de una vez por todas, se destierre el miedo y la violencia de los claustros.
Y, desde luego, este hecho no debe dar argumentos al Gobierno para imponer medidas autoritarias o para reforzar su intento de limitar la autonomía universitaria en la nueva Ley de Educación Superior. Al contrario, los hechos muestran que en el ejercicio de su autonomía, la Central eligió nuevas autoridades la que están renovando desde dentro, democráticamente y sin imposición externa. Lo que el Estado debe hacer es garantizar esa autonomía, sancionar legalmente a quienes ejercen la violencia….. y mandar a la Policía a tiempo cuando se la llama.