Marco Arauz Ortega. Subdirector
En estos días, varios asambleístas de Alianza País han sumado sus voces a quienes consideran que el proyecto de Ley de Comunicación no está bien concebido. Los reparos son sobre técnica jurídica pero sobre todo conceptuales, ante la serie de problemas que han sido identificados por otros miembros de la Comisión Especial, que redactó el documento, y por decenas de profesionales y especialistas externos, incluso de algunos que militan en el mismo sector ideológico que el del Gobierno.
La creación del Consejo de Comunicación que estará en manos de quien detente el poder; sanciones administrativas además de las ya contempladas en la normativa vigente cuando un periodista o un medio deban responsabilizarse por lo que han publicado; la posibilidad de la aplicación del derecho a la réplica para coartar el trabajo informativo; la corresponsabilidad para los medios por los avisos comerciales que reciban…
Todas esas inconsistencias llevan a una sola conclusión: la intención de la ley es controlar a los medios privados y coartar la libertad de expresión, por encima de los convenios internacionales sobre derechos humanos, que son reivindicados por la Constitución de Montecristi.
El mismo Presidente de la Asamblea ha hecho varias puntualizaciones y ha afirmado que el proyecto de Ley no fue avalado colectivamente. Al mismo tiempo, ha reclamado el derecho de los asambleístas de hacer conocer las observaciones a un proyecto que no ha sido debatido internamente en Alianza País.
Hay, sin embargo, un pequeño problema: en estos días se organizará un taller sobre la ley, y los organizadores quieren que asista el presidente Rafael Correa. La pregunta del millón es si después de este baño de realismo político quedará en pie el espíritu deliberante y democrático del que se hace gala ahora.