De nada sirven las leyes si existen funcionarios abusivos que pisotean las normas e irrespetan la institucionalidad, a vista y paciencia del país. Se burlan con sus protervas intenciones y oscuros intereses que solo contribuyen a la impunidad y actúan para desbaratar y tomarse la Fiscalía de manera ilegal y arbitraria, institución que sobrevive de la arremetida de la delincuencia organizada.
Ese es el caso del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, cuyos tres de sus cinco integrantes están investigados por la Fiscalía por graves presunciones de irregularidades y que primero suspendieron al juez que los iba a juzgar. Luego intentan ilegalmente sancionar a la Fiscal General, atribución que no tienen y que por sobre la ley pretenden hacer el ridículo y arrogarse funciones, lo que implicaría, si se respetaran las leyes, su inmediata destitución, sin perjuicio de otro enjuiciamiento penal.
Permiten que un funcionario de tercera elabore ilegalmente un expediente disciplinario contra la Fiscal, que ya constituye una arrogación de funciones, y luego se lavan las manos al decir que ese informe se puede negar o aceptar en el pleno. Es decir, si pasa, pasa, pero como son descubiertos dan un paso atrás, pero la acción ya fue construida.
El otro organismo, el cuestionado Consejo de Participación Ciudadana, que nunca debió existir, también de manera arbitraria e ilegal trata de entorpecer, distraer y juzgar el papel de la Fiscal General, por cumplir su deber y perseguir penalmente a los corruptos. Tratan de arrogarse funciones y si lo logran debieran ser destituidos de sus cargos, como ya hizo la Corte Constitucional con los consejeros anteriores del CPCCS.
Es hora de decir basta a estos funcionarios abusivos que se burlan del país, irrespetan el ordenamiento jurídico y que no debieran seguir en sus cargos. No entienden que por mandato constitucional y legal no pueden sumariar y peor suspender o sancionar a la Fiscal. Hay desesperación por silenciarla y favorecer a la corrupción.