Redacción Judicial
La Fiscalía analiza pedir la destitución del juez Luis Abarca, presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Esta postura surgió luego de la audiencia de formulación de cargos en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang, y otros siete sospechosos por la supuesta compra irregular de 115 ambulancias.
Según un informe de la Contraloría, Salud contrató a Euromedical para que entregue las ambulancias. Sin embargo, se adquirieron 115 furgonetas Kia y se las transformó en ambulancias, por lo que no cumplieron con los parámetros establecidos en las bases de la contratación.
usd 3,9 millones
fue el monto del contrato suscrito en 2007 entre Salud y la firma Euromedical.
De acuerdo con la Contraloría, hubo un posible perjuicio al Estado de más de USD 560 000, para “favorecer a la empresa Euromedical”. La Fiscalía utilizó como base este criterio e inició un proceso penal por supuesto peculado (mal uso de fondos públicos).
Ayer, en la audiencia de formulación de cargos, Alvear pidió que se dicte la prohibición de salida del país y la prohibición de enajenar bienes de los ocho investigados. El juez Abarca negó las medidas, porque consideró que no eran “procedentes”.
Esto molestó a Alvear. “No me sorprende, ya que la opinión pública sabe quiénes son los jueces que conforman las salas de lo Penal. No es la primera vez que actúan de manera parcializada. No valoran los medios de prueba que presenta la Fiscalía General del Estado, es decir existe una negación de la justicia”, fustigó el Fiscal General subrogante.
“Mientras sigan los mismos jueces no habrá justicia”, dijo y anunció que cuando tenga que acusar a los involucrados, se va a abstener de hacerlo, porque “no hay jueces ante quienes presentar mis alegatos”.
Es decir, que cuando se deba llamar a juicio, la Fiscalía no presentará sus acusaciones. “Esto es un sainete. Yo no voy a gastar mi tiempo con jueces que de antemano saben la decisión que van a tomar. No son imparciales”.
La Fiscalía ha tenido más de un enfrentamiento con los jueces de las dos salas penales, por las resoluciones “polémicas” que han emitido en diferentes casos.
Para Alvear, el juez Abarca no actuó de forma correcta en la diligencia contra Chang, pues en su argumentación la Fiscalía recogió el informe de la Contraloría.
Así determinó indicios de responsabilidad penal contra Chang, Teodoro Roldán, dueño de la firma Euromedical; José Luis Bedoya, Ernesto Torres, Roberto Muñoz, Susana Cordovilla, Luis Édgar Paredes y Lino Sarmiento, ex miembros del Comité de Emergencia para la contratación de las ambulancias.
No obstante, para el abogado de Chang, Ernesto Albán Ricaurte, la Contraloría cometió una “apología del delito. Dice que se debió comprar a Kia las furgonetas y luego contratar la adecuación de los automotores. Eso es ilegal y en la Ley de Contratación Pública se establece que no se pueden subdividir los contratos”.
Pero para Alvear, el organismo de control determinó que hubo un sobreprecio en el costo de las ambulancias, comparado con el valor real de la adecuación.
Chang, mediante un comunicado, sostuvo que “no existe perjuicio patrimonial alguno para el Estado ni se incumplieron las obligaciones a las que están sujetos los funcionarios públicos, pues en todo momento se cautelaron los intereses de la Nación”.
Ayer, durante la audiencia de formulación de cargos, Alvear inició la instrucción fiscal, que durará 90 días, en los cuales deberá probar si hubo o no delito.