Con sorpresa recibieron sectores laborales el anuncio oficial de que parte de la nueva “política salarial” del Régimen será la mensualización de los décimos, junto a una remuneración variable en función de las utilidades de cada empresa.
La propuesta requiere reformas legales, por lo que irá a la Asamblea Nacional para su debate, pero desde ya se levantan voces que critican la inconveniencia de la idea, pues, como se sabe, ambos sueldos complementarios tienen carácter ‘estacional’, es decir, sirven para gastos específicos como los escolares y los navideños. Y, además, la racionalización de los salarios no es una política en sí misma. Da la impresión que el Gobierno, en su afán de desviar las críticas a su incumplida promesa del salario digno (USD 320), está buscando fórmulas que si bien pueden parecer pensadas en función de equidad social, resultan poco creativas pues, como ya ocurrió con los fondos de reserva, no son sino traslados del dinero del trabajador de un bolsillo a otro.
Cierto es que de esa manera, si la Asamblea aprobara la propuesta, se moverá más la economía cotidiana, pero no es la forma adecuada de concebir y ejecutar una política de Estado. “Restando derechos a los trabajadores no se puede alcanzar un salario digno”, dijo recientemente un alto dirigente sindical.
Lo que le correspondería al Régimen como incentivo a una política salarial sana es generar fuentes de empleo, incentivar la producción pública y privada, estimular a las empresas nacionales honestas, atraer la inversión extranjera y promover emprendimientos entre cientos de miles de ecuatorianos que tienen buenas ideas para negocios o empresas pero que no cuentan con el financiamiento para concretar sus proyectos.