Redacción Construir
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El tsunami que causó el derrumbe inmobiliario en Estados Unidos y otras naciones, en el país no pasó de ser un aguaje que causó sustos pero no males mayores.
Cifras grandes
Según las proyecciones de la CCQ, el déficit de vivienda hasta 2005 es de 827 742 unidades en el país. Para el 2010 esta cifra subirá a 899 285. Esto significa un incremento del 8% en 5 años (71 543 unidades).
En Pichincha hasta el 2005 existía un déficit de vivienda de 177 183 unidades habitacionales, según la CCQ. Este año alcanzará las 192 468 (15 285 más).Si bien hubo problemas, sobre todo con la restricción de los créditos y la falta de dinero fresco para invertir y comprar, no hubo la debacle que presagiaban los casos gringo, chino o ruso.
Una cifra avala esta hipótesis: los permisos de construcción concedidos por el Municipio capitalino en todo el Distrito Metropolitano de Quito.
En 2009 sumaron 16 883. Comparados con los 17 764 permisos que se concedieron en 2008, solo hubo un descenso de 1 081 permisos, que representan el 6,1%. “Un porcentaje manejable, mucho mejor que lo que presagiaban las circunstancias y las proyecciones”, afirma el ingeniero Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha (CCQ).
Hubo problemas, desde luego, explica Flores. “La falta de liquidez, la restricción en las políticas crediticias para la vivienda y la demora en la aprobación de los proyectos debido a las regulaciones municipales y a estudios que no sirven para nada, frenaron el crecimiento inmobiliario sostenido de los últimos años.
Claro, la burbuja inmobiliaria mundial también influyó, pero no fue el factor determinante”.
El ingeniero Alfredo Jaramillo, gerente de la constructora Edificar Prabyc, es más radical. “La falta de confianza en la inversión y en el sector privado –casi el desprecio a las iniciativas del sector privado- ha hecho que el sector se estanque. Las políticas estatales diferentes a las que se manejaron hasta el 2006, como el cambio fijo y la dolarización que permitieron un crecimiento del poder adquisitivo de la gente de USD 80 a 460, causaron un estancamiento en el sector”.
Según Jaramillo, de no haber mediado el elevado precio del petróleo, nuestra economía estaría absolutamente complicada. “En 2008 hubo muy buenas ventas, pero en 2009 se observó un estancamiento, causado principalmente por la falta de inversión, tanto interna como externa. Los bancos, por ejemplo, tuvieron ocho meses que paralizaron la concesión de créditos. Hay oferta, poca demanda y poca gente que puede pagar”.
El tema de los edificios para oficinas es todavía más complejo, según Jaramillo, pues hay bastantes edificaciones con problemas, que no han podido pagar sus créditos a los bancos. “Por ello se produce un lucro cesante importante. Hay empresarios quebrados y edificios vacíos o que se quedaron a medio camino. Claro, también hay promotoras fuertes como Naranjo Ordóñez, Uribe & Schwarzkopf, CR Constructores o José Ribadeneira, que tienen una gran fortaleza económica que les permite salir a flote en cualquier crisis”.
Pero no todo fue negativo. Es más, explica el arquitecto Alberto Andino, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, núcleo Pichincha (CAE-P), este año el Estado entró con fuerza en el sector de la vivienda con la entrega de USD 600 000 000, tanto para la compra como para la construcción de vivienda.
Es más, continúa Andino, por primera vez se aborda una solución para paliar el déficit de vivienda de la clase media con el programa Mi primera casa.
“Este plan ofrece créditos hipotecarios al 5% de interés y para adquirir unidades habitacionales de hasta USD 60 000. Hasta ahora, solo había un bono que ayudaba a adquirir viviendas de hasta USD 20 000”.
La apertura del IESS al sector inmobiliario también es importante. Hasta el momento, continúa Andino, “se han entregado 19 000 créditos hipotecarios, lo que significa el 50% de lo que entregó el resto de la banca privada en este año”.
¿Un programa completo? No, no son programas coordinados con las municipalidades, por lo que se muestran aislados, sin ligazón urbana, apunta Andino. ¿Un ejemplo? Las ordenanzas que deben actualizarse.