Redacción Política
El Consejo de Participación Ciudadana y el veto a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social se articularán en un solo fin: exigir la rendición de cuentas a los medios de comunicación una vez al año.
El artículo 88 objetado por el Ejecutivo no precisa los campos donde los medios deberán rendir cuentas. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, señaló que el Consejo de Participación Ciudadana será la entidad encargada de determinar esa función. Lo mismo dijo, el secretario jurídico del Régimen, Alexis Mera.
Esto quiere decir que el quinto poder definirá los mecanismos, procedimientos e instrumentos para ejercer la rendición de cuentas. A juicio de Cordero, el conocer quiénes son los dueños de los medios de comunicación y las funciones que realizan es un derecho de toda la ciudadanía.
Sin embargo, frente a los vacíos que presenta la Ley de Participación en cuanto a la rendición de cuentas de la prensa, Cordero sugirió que la Ley de Comunicación podría entrar a operar para saldar esas falencias.
“El Acuerdo Político aparece como una tabla de salvación. La disposición general de la Ley de Participación dice que si hay una ley específica, esa será la que prevalece. Es decir, la Ley de Participación es orgánica, pero prevalece la específica (Comunicación)”.
En ese sentido, la Ley de Comunicación se ajustaría solo a los campos que tienen que ver con esa área. Otros temas de interés colectivo se acomodarán a la de Participación Ciudadana.
Sobre las observaciones que hizo el presidente de la Comisión de Participación, Luis Morales, quien señaló que el veto del Ejecutivo es inconstitucional porque no puede incluir materias no contempladas en el proyecto, Cordero señaló que ese tema debe resolverse en la Corte Constitucional.
Otro de los aspectos poco claros es que el veto presidencial señala que las personas y grupos sociales pueden requerir, una vez al año, la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, entre ellos los medios. En ese sentido, los medios tendrían que responder todos los requerimientos que lleguen a sus puertas. Pero, Cordero y Mera insisten que este trámite será por una sola ocasión para evitar un caos operativo en todas las instituciones públicas que se acogerán a esta disposición.
La renuncia de Carrillo en el aire
El pedido de renuncia de la asambleísta Betty Carrillo, titular de la Comisión Ocasional de Comunicación, se quedó en el aire.
Esto, tras clausurar la sesión en la que se iba a tratar ese tema por pedido del legislador César Montúfar, quien solicitó el pasado 6 de enero la renuncia de Carrillo a la presidencia de dicha Comisión.
Ayer, a las 09:30, Carrillo llegó a la sala donde la Comisión de Comunicación se reúne junto a Mauro Andino (Alianza País). Esperó 10 minutos y decidió retirarse bajo el argumento de que no había el quórum suficiente para dar inicio a la reunión.
Según los legisladores César Montúfar (MCND) y Fausto Cobo (PSP), integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación, Carrillo adoptó esa postura debido a que en la cita se iba a tratar el tema de su renuncia.
“Ella clausura la reunión porque tiene miedo de que se trate la solicitud”, dij oMontúfar.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, autorizó el pedido de prórroga para el tratamiento de la Ley de Comunicación. En un conversatorio, realizado ayer con los periodistas en su despacho, el titular de la legislatura decidió ayudar con 30 días más de plazo para aprobar los artículos de ese cuerpo legal. En un principio, la Comisión tenía como plazo presentar el informe para segundo y definitivo debate el 5 de abril.