La vicepresidenta de la Comisión del caso Encuentro, Mireya Pazmiño (PK), anunció este martes 14 de febrero del 2023 que hay “varios indicios” que podrían llevar a un juicio político en contra del primer Mandatario, Guillermo Lasso.
Pazmiño, asambleísta del ala radical del movimiento indígena de Pachakutik, señaló que esta mesa prevé entregar un informe hasta el próximo 23 de febrero. El caso se relaciona con una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.
“La Comisión tomará algunas decisiones, algunas conclusiones, entre ellas, parece que va encaminada a que sea una salida constitucional. Puede ser un juicio político, hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el Presidente”, señaló.
Otros integrantes de la comisión como el socialcristiano Pedro Zapata y la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz (Unes), dijeron que no adelantarán criterios. Sin embargo, Veloz sostuvo que el Parlamento podría establecer responsabilidades políticas para varios funcionarios, incluido Lasso.
Marco legal
La posibilidad de un juicio político contra Guillermo Lasso está contemplada en el artículo 129 de la Constitución. Para eso se requiere que la solicitud sea presentada por, al menos, una tercera parte (46) de los integrantes de la Asamblea.
Por su cuenta, el correísmo puede asegurar 49 votos. En el PSC y la Izquierda Democrática (ID), que en principio apoyaron esta investigación al Gobierno, todavía no hay una postura definida al respecto. Pachakutik no se caracteriza por votar orgánicamente.
Además, la norma suprema contempla tres motivos para la aplicación de este mecanismo: delitos contra la seguridad del Estado; delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; o delitos de lesa humanidad como el genocidio. Para este procedimiento se requiere un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Esta figura se aplicó por última vez a finales del 2017, cuando la Corte autorizó el enjuiciamiento político del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado por la trama de corrupción de Odebrecht. El pedido fue presentado por su excoideario José Serrano, quien entonces presidía la Asamblea Nacional, pero terminó sin una resolución de la Comisión de Fiscalización, después de que Glas fuera condenado por la Corte Nacional de Justicia.
Cabe recordar que el Ejecutivo también puede convocar a una muerte cruzada; es decir, provocar el adelanto de elecciones generales.
Oficialismo reacciona
Ana Belén Cordero y Pedro Velasco, asambleístas del oficialismo, reconocieron que “todo puede pasar” en la Asamblea controlada por la oposición. “El correísmo lo que ha buscado siempre, desde años anteriores, es la desestabilización”, dijo Cordero.
La legisladora matizó que no puede endilgarse responsabilidades políticas al jefe de Estado, Guillermo Lasso, por haber nombrado al titular de la Empresa coordinadora de Empresas Públicas, Hernán Luque, salpicado en la trama de corrupción.
“En el supuesto de que esto pretendiera prosperar, porque aquí todo es posible en la Asamblea, tendrían que llegar a solicitar la calificación del juicio político a la Corte Constitucional”, insistió Velasco.
El legislador recordó que el informe que entregue la Comisión no tendrá carácter de vinculante para el Pleno, y más aún “si no contiene evidencias y elementos probatorios, sino especulaciones y presunciones”.
“Si no está dentro de esas tres causales determinadas por la Constitución, lamentablemente no procedería un juicio político, pero aquí estamos en una Asamblea en donde lamentablemente no pesa el criterio constitucional, no se respeta el criterio legal, sino aquí piensan que es solamente de mayorías”, anotó.
Por eso, insistió en que la Corte “siempre está jugando un rol protagónico” frente a las divergencias entre el Ejecutivo y la Asamblea. “Si es que ese filtro no pasa, ya no puede prosperar ese juicio político”, remarcó.
En el escenario de un dictamen favorable de la Corte, el juicio político deberá ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización. Y si se presenta una moción de destitución contra el Primer Mandatario, su aprobación requerirá de 92 votos. En junio pasado el correísmo ya fracasó en su intento de destituir a Lasso, cuando alcanzó 81 votos, en medio del paro indígena; esa vez se aplicó el artículo 130 de la Constitución.
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