Los cambios de Gabinete son un recurso político utilizado por muchos gobiernos para renovar su imagen, incorporar nuevos aliados, renovar las expectativas ciudadanas y reforzar su capital político. En contraste, las crisis de Gabinete son un recurso desesperado para detener un desgaste político progresivo que amenaza con socavar los fundamentos de un Régimen. A pesar de las reiteradas declaraciones oficiales que definen los cambios ministeriales como una simple oxigenación del equipo gubernamental y una medida necesaria para alcanzar el “equilibrio de género”, es incuestionable que se trata de una verdadera crisis de Gabinete provocada por la caída sostenida e incontenible de la popularidad del Régimen. Cambiar ministros en una coyuntura de crisis es una fórmula que puede funcionar bajo parámetros y objetivos claramente establecidos. En el caso del gobierno del presidente Correa, la aplicación eficaz de esta fórmula tropieza con dos problemas insuperables. El primero y fundamental se relaciona con el hecho de que el Gobierno no tiene ministros; los secretarios de Estado, salvo muy contadas excepciones, son personajes anodinos dispuestos a evaporarse frente a un Presidente ubicuo. En consecuencia, parecería inocuo incorporar nuevas figuras condenadas de antemano a la inmaterialidad. El segundo se origina en la naturaleza autoritaria del Gobierno que exige personajes incondicionales y poco deliberantes. Esto reduce significativamente el repertorio de ‘talentos’ disponible y obliga al Régimen a reciclar sus funcionarios bajo una suerte de ‘enroque’ que trae enrarecimiento antes que oxigenación. Al final, un Gobierno condicionado por estos factores termina convirtiéndose en un grupo cerrado –y cada vez más reducido-de funcionarios aislados de su entorno. Algo que ha llamado fuertemente la atención en este trance es la renuncia del Jefe del Comando Conjunto y del Comandante de Policía como parte de la crisis de gabinete promovida por el Jefe de Estado. En el pasado, los cambios de los altos mandos militares y policiales jamás guardaron relación alguna con una crisis ministerial que posee un carácter preeminentemente político. Me parece que el Gobierno ha cometido un serio error y ha establecido un precedente peligroso al incluir a los comandantes de la Fuerza Pública en el equipo gubernamental y a considerar su relevo bajo motivos de orden político y coyuntural. La Fuerza Pública está organizada bajo reglas institucionales y es indispensable protegerla frente a las peligrosas mareas políticas. Por ello, el Presidente no debió exigir la renuncia a los comandantes; estos, por su parte, jamás debieron presentarla. Las crisis de Gabinete son oportunidades para abrir espacios que apuntalen la gestión gubernamental. La anunciada va en dirección totalmente contraria.