Con la captura de Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía, el Gobierno del Ecuador reafirmó su intención de que los delitos de violencia contra la mujer en el país no queden impunes.
Un compromiso complicado de cumplir, en un país donde la tasa histórica de sentencias por femicidio no supera el 30% de casos.
Apenas Cáceres ingresó a la cárcel de alta seguridad, el mandatario fijó la posición de su Gobierno.
“Que esto sirva de precedente en el país: no permitiremos que ningún acto de violencia contra la mujer quede impune”, señaló. Hasta el 15 de noviembre se registraron 272 femicidios en el país, siendo el año más violento para las mujeres en la historia.
Según ALDEA, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, el Estado “no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos”.
Esta organización señala que, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de noviembre de 2022, un total de 1 317 vidas de mujeres y niñas han sido arrebatadas por la violencia machista.
Casos sin resolver
En Ecuador, las penas por femicidios van de 22 a 26 años de cárcel. Si hay agravantes, se debe imponer el tope, 26 años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014.
Uno de los casos no resueltos más emblemáticos es el de Lisbeth Baquerizo, asesinada el 21 de diciembre del 2020 en su casa en Guayaquil. El principal sospechoso es su esposo, Luis Hermida.
Katty Muñoz, madre de Baquerizo, recibió una llamada del suegro de su hija, diciendo que ella había muerto. Según el informe médico, la mujer habría caído de las escaleras y murió por un infarto.
En el velorio, una amiga de la víctima alertó a Muñoz que su hija sufría violencia doméstica. En ese momento, la mujer denunció la muerte de su hija a la Fiscalía y se iniciaron las investigaciones.
La autopsia reveló que Baquerizo murió por golpes en el cráneo realizados con un objeto contundente. Además, se determinó que un maquillador de la funeraria ocultó las heridas con pegamento.
La Fiscalía determinó que Baquerizo habría sido asesinada por su marido, ahora prófugo de la justicia.
También acusó como encubridores a los padres y hermanos de Hermida, el médico Marlon Eras y su hermano Rolando, además del maquillador de cadáveres Richard Anzoátegui.
El 23 de agosto de 2021 fue emitida la notificación roja de la Interpol contra Luis Hermida, por el supuesto delito de femicidio.
El arma fue un martillo
María Fernanda Fernández de Córdova Flores tenía 21 años cuando fue asesinada a martillazos en un departamento en Urdesa, al norte de Guayaquil. Las investigaciones apuntaron a su pareja sentimental, Carlos Eliut Campos Crespo, como autor del delito.
Este hecho causó tanta conmoción que el ministro del Interior de ese tiempo, José Serrano, y el presidente Rafael Correa contactaron a la familia Fernández de Córdova y pusieron al sospechoso en la lista de los más buscados por femicidio. También prometieron investigar el caso.
Sin embargo, 11 años después, es un crímen sin resolver. El sospechoso sigue prófugo y los familiares de María Fernanda continúan pidiendo justicia.
La víctima y su presunto victimario tuvieron una relación amorosa. Ambos compartían la afición por la cultura física. Pero el novio, de 38 años, comenzó a mostrar rasgos agresivos conforme avanzaba la relación, incluso exigió a la mujer cerrar sus redes sociales.
Según un guardia del edificio donde vivía Campos, la mujer ingresó por la tarde al departamento. A la noche salió solamente él, apurado y con una maleta. Antes de escapar llamó a su cuñada y le dijo que había agredido a María Fernanda y le confesó que se le pasó la mano, ya que ella no reacciona.
En el lugar, la Policía encontró el cadáver de la joven, con 29 martillazos.
Muerte en Manta
La modelo manabita Naomi Arcentales fue encontrada muerta el 12 de diciembre de 2021. El cuerpo de la mujer de 23 años fue descubierto por su pareja sentimental, un abogado que ejerce como fiscal en Manabí, en el departamento que compartían.
La Fiscalía investiga dos delitos asociados, un posible abuso sexual y el presunto suicidio de la joven. Tras la muerte de Arcentales, circuló un video en el que se ve a su pareja sentimental agredirla físicamente en el ingreso al edificio donde convivían.
Esta agresión y una serie de pruebas presentadas por la familia de Arcentales pusieron como principal sospechoso a su novio, que incluso fue suspendido de sus funciones en la Fiscalía. Posteriormente fue reintegrado.
“Le prometí a mi hija dejar de llorar para luchar por ella, y aquí estoy clamando justicia porque a ella me la mataron, no se suicidó”, dijo Sara Sabando, madre de Arcentales.
El 9 de noviembre del 2022 compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde presentó evidencias, las que, según investigadores privados, prueban que este deceso no se trataría de un suicidio.
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