El Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley que reforma nueve cuerpos legales; servirá para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. La norma endurece penas para la extorsión y otros delitos.
El texto fue aprobado con 117 votos a favor y 4 abstenciones este jueves 5 de enero del 2023 . Esto, una vez agotado el segundo y definitivo debate en el que intervinieron 11 de los 137 asambleístas. La norma se compone de 151 artículos. Será enviada al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o la envíe al Registro Oficial.
La moción para aprobar el informe de manera íntegra fue presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (Izquierda Democrática, ID). Esto, a pesar de que recibió algunos reparos desde las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo (Unión por la Esperanza, Unes).
Mireya Pazmiño, asambleísta expulsada del bloque de Pachakutik y afín al correísmo, y Luis Almeida (PSC), fueron los primeros en intervenir en el segundo debate. Ellos pidieron que el texto regresara a la Comisión para que se incorporaran las observaciones, a lo que Narváez no dio paso.
Pazmiño se mostró en desacuerdo con el incremento de penas para algunos delitos, pues advirtió que esto provocará un hacinamiento carcelario. Mientras, Almeida insistió para que en el proyecto se incluyeran disposiciones para la tenencia y porte de armas.
Imputabilidad de menores
A su vez, Pierina Correa (Unes) solicitó que se eliminara del documento todo lo relacionado al procesamiento de menores de edad involucrados en hechos delictivos. Argumentó que este tema ya se está tratando en la Comisión especializada que tramita el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.
La socialcristiana Geraldine Weber pidió que los menores de edad sean sancionados como adultos en los delitos graves. Aseguró que organizaciones criminales reclutan a adolescentes porque “tienen patente de corso para matar”.
La hermana del expresidente Correa matizó que se trata de un tema delicado. Acotó que Ecuador debe cumplir con instrumentos internacionales que no permiten la imputabilidad de menores.
Narváez respondió que en el proyecto se tipifican penas de 13 a 16 años de prisión para quienes recluten a menores con fines delictivos. Un adolescente pasará a una cárcel al cumplir la mayoría de edad, en vez de continuar con una medida socioeducativa si comete un delito, anotó.
Endurecimiento de penas y nuevos delitos
El Presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que el proyecto no incurre en un “populismo penal”. El legislador resaltó que se tipifican nuevos delitos o incrementa las penas de acuerdo con una dosimetría. Tomó casi un año en discusión con base en una propuesta del Ejecutivo,
Resaltó que la propuesta contempla penas de entre 7 y 10 años de prisión para sancionar la extorsión o ‘vacunas’. Es decir, para quienes exijan cuotas por supuesta protección a personas o locales comerciales.
La sanción para el delito de robo con arma blanca o de fuego pasará de 5 a 7 años de cárcel. A su vez, se contempla una pena de hasta 21 años para el delito de terrorismo. La ciudadanía podrá presentar denuncias de manera anónima.
Además, la intimidación a servidores públicos como jueces y fiscales será un delito sancionado con penas de 3 a 5 años de cárcel. Y el prevaricato será sancionado de 7 a 10 años si con un fallo judicial se beneficia al crimen organizado.
La reforma incluye cambios para el sistema carcelario. También un régimen de sanciones leves, graves y muy graves para los reos, y la separación de los reos más peligrosos en distintos pabellones.
Además, se crea un consejo de política criminal con 15 integrantes de varias instituciones del Estado como la Fiscalía, la Judicatura y ministerios. Esta entidad será responsable de planes de prevención y combate del delito.
Desde el oficialismo, Nathalie Arias y Jorge Pinto salieron a defender el proyecto y pidieron que la propuesta fuese aprobada. En Pachakutik hubo posturas divididas: Joel Abad pidió que el proyecto regresara a la Comisión; pero el coordinador, Salvador Quishpe, dio su respaldo como una muestra de enfrentar a la inseguridad ciudadana.
Narváez aseguró que para el texto la Comisión recibió 300 observaciones de asambleístas e instituciones. Indicó que no todas pudieron ser incorporadas por ser inconstitucionales o porque corresponden a otras leyes como el tema de la tenencia de armas.
Se trata de la primera norma aprobada este año de la Asamblea. Aunque inicialmente estaba previsto que el trámite concluyera el 18 de diciembre pasado, un día antes de la vacancia legislativa, pero entonces no hubo quórum.
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