politica@elcomercio.com
La Comisión de Comunicación diseñó una fórmula, aún por aprobarse, para el financiamiento de los medios públicos. Para los integrantes de ese equipo legislativo, el presupuesto de estos podrá contar hasta con un 30% de dinero de empresas privadas, el resto provendrá de las arcas del Estado.
Esa fue una de las conclusiones del debate sobre el capítulo de los medios públicos y que ayer tuvo respaldo de la mayoría de Alianza País en la Comisión.
Según el asambleísta de Alianza País y miembro de la Comisión, Ángel Vilema, en la nueva ley se tratará de proteger a los medios públicos para que no pierdan su esencia o sufran presiones por parte de los anunciantes. Por ejemplo, se incluirá una norma que señale que los medios de este tipo solo podrán ser creados por ley y no por un acuerdo ministerial, como sucede ahora.
También plantea la creación de un consejo especial para que decida y vigile la política editorial de cada medio público.
María Eugenia Garcés, vicepresidenta de la Federación Nacional de Periodistas y miembro del Foro de la Comunicación, cree que hay artículos que en su redacción no están claros o que pueden estar contra la Constitución. “Puede haber consenso, pero sin claridad sobre la filosofía de la Ley puede salir cualquier cosa. Pueden haber artículos buenos o malos, pero ser inconstitucionales; eso no garantiza nada”.
En ese sentido, para la oposición, la decisión sobre el financiamiento de los medios del Estado es otra evidencia del control de Alianza País (6 de 11 miembros) en la Comisión Ocasional de Comunicación. Fausto Cobo, representante de Sociedad Patriótica, sostiene que la decisión de postergar la aprobación de los artículos causaría que la ley sea aprobada en paquete por los representantes del oficialismo.
Garcés repara en que la Comisión debería presentar a la comunidad sus propuestas de artículos, para recibir aportes de la sociedad y también de las personas conocedoras de Comunicación.
La Comisión se reunió ayer para tratar la reversión de frecuencias. La mayoría alistó una moción para que solo se tome en cuenta el informe de la Contraloría sobre la entrega ilegal de esos espacios. Se asegura que 800 emisoras tienen problemas, según una auditoría.
En el primer informe de la Comisión se señaló que para tomar una decisión sobre la reversión de frecuencias se respetaría el trabajó del equipo ciudadano que investigó el tema. Incluso fue incluido en una norma transitoria.
Los consensos para la Ley de Medios
La Comisión deberá entregar su informe en junio próximo
La censura previa. La Comisión de Comunicación aseguró que no incluirá en el proyecto de Ley ningún artículo que pudiera servir para que exista una censura previa a los contenidos de los medios. Esta fue una decisión que se tomó en el acuerdo firmado por las fuerzas de la Asamblea en diciembre pasado.
Responsabilidad ulterior. Los comisionados decidieron que se tomen en cuenta los principios establecidos en la Convención Interamericana de DD.HH. para sancionar la violación del principio de la responsabilidad ulterior. Entre ellos que los comunicadores no difundan información que atente a la honra de las personas, que promuevan la violencia y discriminación. En el caso de que se concrete este consenso, se eliminaría la intención de incluir varias normas en la Ley de Medios, como aspiraba el oficialismo.
Cláusula de conciencia.La Comisión debatió y aceptó una norma que respalde a los periodistas en caso que se opongan a difundir información contra sus principios éticos. También se incluyó la posibilidad de que un periodista se niegue a que su nombre se publique en un trabajo, cuando su superior haya cambiado el sentido original de la nota. Asimismo, que pueda renunciar cuando piense que su medio cambió de línea editorial.
La titulación obligatoria. Los comisionados también llegaron a un consenso para incluir un artículo que obligue a los periodistas, que trabajan en medios de comunicación, a contar con un título en Comunicación Social.
Derechos laborales. Otro tema con apoyo es la iniciativa para que se pague un sueldo digno a los periodistas públicos, privados y comunitarios.