Pago por protección es el nombre que los extorsionadores le dan al monto mensual que exigen a las personas detenidas en la Penitenciaría del Litoral. Los familiares de los internos hacen milagros para reunir esa cifra y garantizar la vida de padres, hijos y hermanos que pagan sus culpas en este centro de detención.
María (nombre protegido) reconoce que su hijo está detenido por hacerle daño a la sociedad. Él está sentenciado por robo y microtráfico, su pena es de ocho años.
“Una cosa es que mi hijo sea un delincuente, pero otra muy diferente es que me amenacen con matarlo”, señala esta mujer. Ella trabaja como empleada de una agroexportadora. Gana al mes USD 500.
“Casi todo se me va en pagar a esta gente”, dice en referencia a las personas que la llaman periódicamente por teléfono y le piden esa cantidad por proteger a su hijo.
María relata que son mensajes al teléfono, que incluyen fotos y videos de su hijo de 24 años. También le han visitado en su casa en el cantón Durán motociclistas que muestran pruebas de vida de su vástago y exigen el pago de USD 400. Los USD 100 que le quedan los destina a comprar artículos de aseo y comida para su el joven detenido.
Con su sueldo destinado íntegramente a pagar a la extorsión y comida. Su hogar de cuatro personas se mantiene con los ingresos de su esposo que es albañil.
A pesar de que paga puntualmente, el corazón se le acelera en cada uno de los enfrentamientos que se dan en esta cárcel. Desde inicios del 2021 han sido asesinadas 214 personas detenidas en la Penitenciaría del Litoral.
Más violencia, mayor tarifa
El 29 de septiembre del 2021 la fundación Kaleidos publicó un estudio en el que señalaba que el monto que los extorsionadores exigían a los detenidos por su seguridad ascendía a USD 149,9.
Los extorsionadores son minoría en la Penitenciaría, sin embargo gozan del poder que les dan las armas que ingresan a este recinto.
Jorge Núñez, miembro de Kaleidos, dijo hace un año, en la publicación de ese estudio, que “en Ecuador el costo del encarcelamiento corre por cuenta de familiares de internos”. Señaló que el 85% de mujeres tiene trabajos precarios. “El incremento de la corrupción encarece la vida en la cárcel”.
Pero ahora, tras un año de violencia caracterizada por motines y matanzas, la tarifa se disparó y se ubica en el orden de los USD 400.
El salario básico unificado en Ecuador es de USD 425. Según datos oficiales, apenas el 30% de personas en edad de trabajar cuenta con un empleo formal.
“El sistema carcelario está sostenido por familias humildes“, sostuvo Billy Navarrete, defensor de los Derechos Humanos. Recordó que tras los últimos hechos de violencia en las cárceles, se “ha satanizado” a los familiares de las personas privadas de la libertad.
Mientras organizaciones civiles y grupos de Derechos Humanos tienen datos concretos y evidencias de este delito, el Estado no topa de estos temas.
EL COMERCIO envió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) un pedido de información sobre este tema el jueves 17 de noviembre, pero hasta el cierre de este reportaje el domingo 20 noviembre no obtuvo ninguna respuesta.
Más problemas
El monto que exigen los extorsionadores no es el único gasto que tienen los familiares de los detenidos. Están también los pagos a los abogados, el transporte y la provisión de alimentos, artículos de aseo, medicinas.
Un informe de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de su Libertad (Rimuf) señala que la seguridad, alimentación y medicina deberían estar garantizados por el Estado.
En Ecuador, el Estado destina USD 2,5 diarios para la alimentación de las personas privadas de la libertad. El monto incluye las tres comidas que recomiendan médicos y nutricionistas.
“Me llama a decir que se muere de hambre”, sostiene Carlos (nombre protegido), padre de una persona sentenciada por no pagar sus pensiones de alimentos. En la cárcel hay una tienda, asegura el progenitor, pero los precios son muy superiores a los que consiguen las personas en libertad.
Es por esto que una de cada cuatro personas que va a visitar a sus familiares detenidos lleva comida. “Un pan es la diferencia entre la vida y la muerte”, sostiene Carlos.
Artículos de aseo y medicamentos de uso común, también son artículos que tienen una alta demanda dentro de la cárcel.
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