La Presidenta y los asesores de la Comisión de Comunicación de la Asamblea ajustaban hasta la noche de ayer los últimos detalles del proyecto de la Ley de Medios.
El equipo se concentró en el capítulo sobre las veedurías ciudadanas y los observatorios de los medios de comunicación y en las disposiciones transitorias.
La idea de incluir los procesos de veedurías ciudadanas, dentro de la Ley de Medios, tiene el objetivo de impulsar la norma que se encuentra vigente en la Ley de Participación Ciudadana.En marzo pasado, el presidente Rafael Correa incluyó en la Ley de Participación la posibilidad de que una persona o un grupo social pueda exigir una rendición de cuentas a un medio. El Mandatario argumentó su reforma a que los medios manejan información relevante para la comunidad.
Ahora, la intención de la Comisión tiene el mismo tono del veto presidencial, que cualquier persona pueda impulsar una veeduría de un medio o de periodista. También pueda hacer una indagación de las autoridades que se encuentren a cargo del Sistema Nacional de Comunicación.
Específicamente, la propuesta en elaboración señala que las veedurías podrán “denunciar ante las autoridades competentes los hechos, actuaciones irregularidades de los funcionarios públicos, comunicadores sociales, directivos, ejecutivos y demás servidores de los medios públicos, privados y comunitarios”.
Esta idea se suma a un paquete de sanciones a los medios que se incluyen en el borrador del proyecto. Las sanciones van desde una amonestación por escrito, una multa de hasta el 20% de la facturación de un medio durante los tres últimos meses, la suspensión de un programa o mensaje.
Adicionalmente, se propuso una reforma al Código Penal para que un juez pueda clausurar un medio cuando haya atentado contra la democracia.
Para Ángel Vilema, esta y otras sanciones deben ser revisadas en la sesión prevista para mañana. Esta reunión sucede a cuatro días de que se termine el plazo para que se entregue el proyecto legal.
Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, espera tener el texto completo y definitivo para hacer un pronunciamiento. Sin embargo, Según Ordóñez la ciudadanía debe entender que esta ley “esto no compete solo a los periodistas, sino que los derechos de la ciudadanía pudieran ser afectados”.