Julián Guamán, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, señala que las veedurías pudieran controlar estos procesos
¿Cómo analiza el desempeño que ha tenido el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
En estos meses, en que los nuevos consejeros entraron en funciones, debieron concentrarse en preparar los reglamentos para su funcionamiento y en armar un cronograma para la elección de las autoridades. Yo creo que esas fueron sus principales acciones.
Desde el 18 de marzo, han ingresado 80 trabajadores más al Consejo. Es el doble del personal cuando usted fue Presidente del organismo. ¿Qué piensa de eso?En el Consejo anterior trabajamos con el personal que heredamos de la Comisión Anticorrupción y de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Con ese grupo de trabajadores cumplimos con dos procesos de selección: de la conferencia de soberanía alimentaria y el consejo de méritos para el banco del Seguro Social. Seguramente la contratación de las 80 personas es para apoyar las 11 designaciones que se vienen. Pero las contrataciones, como dice el artículo 228 de la Constitución, debió realizarse mediante un concurso de méritos y oposición.
¿Qué pasa si no se ha cumplido con ese requisito?
La Constitución señala que para ingresar al servicio público se debe superar un concurso de méritos y las leyes correspondientes. Los únicos que no están incluidos dentro de esa norma son los funcionarios de libre nombramiento, como son los asesores. El resto debía superar el concurso público de oposición y merecimientos para ser parte del Consejo.
Si no se cumplió con este mandato constitucional, ¿qué organismo pudiera iniciar una investigación?
Por un lado, el Consejo es el primer organismo de transparencia y control del sector público en el país. Entonces, es el propio Consejo el que debe impulsar procesos de transparencia desde la sociedad civil para cumplir con las normas vigentes en el país. Por otro, está la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo.
¿Estos procesos de transparencia pudieran ser una veeduría ciudadana para indagar estas contrataciones?
Es importante la normativa vigente. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley del Consejo de Participación y Control Social establecen la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer un control social a través de las veedurías y de los observatorios ciudadanos. Estos procedimientos pueden ser planteados, pero también deben ser impulsados por el Consejo. Recalco que el Consejo es el principal organismo de transparencia y debía promover estos mecanismos de control ciudadano.
El Consejo pedirá un incremento de su presupuesto para este año en USD 6 millones. ¿Usted considera que esa cifra es justificable?
En la anterior gestión del Consejo preparamos un presupuesto y calculamos que para realizar tres concursos y abrir tres delegaciones se requería una cifra distinta. Duplicamos el presupuesto que se había designado, pero tomando en cuenta estos elementos. Es razonable que, por el incremento del personal y por la realización de más concursos, se haya elevado el presupuesto.