Regular la venta de bebidas alcohólicas es una de las últimas decisiones del Gobierno, para reducir los niveles de inseguridad, ¿es correcto abordar este problema con este tipo de acciones?
Pienso que presionados por la opinión pública, por la ciudadanía y por los medios, especialmente por la prensa, el Gobierno se ve obligado a tomar estas decisiones. Son acciones, aparte de las que tiene que ver con la entrega de logística y de recursos para la Policía y de disposiciones temporales como la movilización militar y el control a los vehículos, que dan a entender que el Gobierno trata de identificar medidas que sean muy típicas o que puedan ser recibidas bien por la opinión pública, como ocurrió, también con el tema de las motocicletas.
Medidas para que la gente diga que se toman acciones.Son resultado de la presión. No son medidas consistentes y generadas por una comprensión de la dinámica de los delitos que han crecido, por ejemplo, los asesinatos, los robos y los hurtos. Uno las puede interpretar cuando piensas que estas acciones se dan por las presiones que llegan desde la opinión pública. Por eso, no les auguro muchos éxitos. Cuando se piensa en el impacto de las medidas se las ve con reserva.
¿Por qué?
Hay que trabajar en los ámbitos local y externo. Hay delitos que no se pueden resolver en forma aislada. Por ejemplo, en los delitos vinculados con el tráfico de drogas. No se obtendrán resultados aisladamente, es una labor que debe ser coordinada con otros países, como EE.UU., Colombia o México. Ello no significa que no se impulsen acciones locales como elaborar marcos jurídicos.
¿Qué otras acciones deben ser tomadas en cuenta, especialmente dentro del país?
Una de las acciones estatales debe encaminarse al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y control. Por ejemplo, la falta de relación entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional es fatal. Este desentendimiento es una de las peores acciones ocurridas en las últimas décadas. En este tema, la opinión pública debe presionar mucho. Es necesario que se dé un entendimiento. El impacto para Guayaquil sería mayor a cualquier regulación de horarios, motociclistas…
Además, si se toma en cuenta los índices de violencia que hay en Guayaquil.
Uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno para no seguir el camino del Municipio es que se iba a privatizar la seguridad, pero en el caso de Guayaquil y otras ciudades ya se está privatizando. Por su propia cuenta, la gente paga cercas, guardias, blindajes y controles. Son costos que aún no están cuantificados. Por ejemplo, lo que ocurre con la clase media preocupa. Viendo las estadísticas de delitos (que son insuficientes) se puede decir que buena parte de los robos ocurre en esta clase, a los pobres casi no les roban. Las acciones deben tomar en cuenta, necesariamente, esta realidad.
¿Qué otra acción plantea?
Si uno observa la conformación de las bandas delictivas en la actualidad se puede ver que están compuestas por jóvenes. De la misma manera que los movimientos políticos de los años 60 reclutaban a jóvenes, ahora las bandas están haciendo lo mismo.
¿A qué se debe ello?
A la inmediatez de la vida. A una sociedad que, a través del marketing y los medios, ven la realización inmediata de las cosas de la vida: tener un Blackberry o un iPhone. Los adolescentes y los jóvenes están siendo presionados para ello. Esta es una de las principales causas para que los jóvenes de clase media se estén involucrado en las redes, a mediana escala, del tráfico de drogas y en otros tipos de delitos.
En esta parte, ¿qué correspondería hacer?
Trabajar en la educación. Por ejemplo, los colegios públicos son un campo olvidado. Ahí se dan dos procesos con relación, por ejemplo, a las drogas: el reclutamiento y el consumo. El Gobierno debiera volver a reflexionar sobre lo que ocurre en estas instancias educativas. Hay que actuar con mucha autoridad. Mejorar los índices de educación, trabajar más con estas poblaciones a escala nacional ya que son, de cierta forma, vulnerables.
Mucho se habla de la generación de empleo para reducir la inseguridad.
El tema va más allá del lugar común: pobreza-pobre-delincuencia-delito. Ya no se puede hacer esta relación. Cada vez son más personas de ‘clase media’ que están vinculadas con los delitos.
Y delitos que son cada vez más violentos.
Eso depende de cada caso. Lo objetivo es el sistema judicial. Si se da el caso de una persona que cree que al contratar un sicario puede quedar impune es porque algo pasa y ese algo está en el sistema judicial, ya que piensa que saldrá impune, que nada le va a pasar y que la Policía tampoco le va a capturar. Y en esta parte queda mucho por hacer.