El asunto no merecería siquiera una mención si no se tratara de un buen ejemplo del modo en que actúa un medio oficialista -mal llamado público- como el diario El Telégrafo para acoplarse a la táctica del Gobierno contra los medios privados.
En su edición del martes, da a entender en su titular principal que el Director del SRI afirma que esa entidad debe actuar de oficio para cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los diarios que supuestamente lo habrían evadido en su campaña Más Respeto. En las páginas interiores, sin embargo, queda claro que la afirmación corresponde a una fuente consultada, que se presenta, sin embargo, bajo la generalización de “expertos tributarios consultados”.
El mismo martes, el Director del SRI aclaró públicamente que el IVA no se cobra a los medios por servicios gratuitos, sino estrictamente a bienes materiales como adhesivos y hojas volantes. Y fue enfático en aclarar que de ninguna manera la entidad ha iniciado campaña alguna contra los medios, ni contra la publicidad de los medios .
Pero en su edición de ayer, el diario mencionado no rectifica su información sesgada ni recoge la aclaración del funcionario y, más bien, destina casi las cuatro quintas partes de una nota interior para que la misma fuente que consultó para la nota inicial se extienda en sus explicaciones.
Sobre el contenido y la economía de los medios en manos del Gobierno hoy no se da ninguna explicación. ¿Cabe esperar que los funcionarios que están detrás de este manejo perverso se vuelvan transparentes si rige la tan manoseada Ley de Medios?