La Comisión que sazona el proyecto de ley de medios aún no decide si es mejor un trámite por KO en el Pleno de la Asamblea, o una “socialización” de un mes en cinco ciudades. La aprobación sorpresiva y en paquete tiene la “ventaja” de no desgastar más el proceso de aprobación, y la “socialización” obra como barniz democrático, aunque solo se trate, como en el caso de otras leyes, de debates entre quienes están de acuerdo y cumplen el ritual.
Empero, el filtro más importante, que los legisladores están olvidando, es el de las relatorías para la libertad de expresión de la OEA y la ONU. Y no solo para cumplir el acuerdo de diciembre, cuyos puntos uno y dos son claros al pedir concordancia de la Ley con los instrumentos internacionales suscritos por el país.
En ese sentido se han pronunciado el Presidente de la Asamblea y los comisionados en varias oportunidades. El representante del Estado, en su comparecencia en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el 23 de marzo de este año, se mostró de acuerdo con que la Ley estuviera en armonía con la normativa internacional, y recordó que la in-vitación para que el organismo constate la situación está abierta desde el 2008.
Sin embargo, en esa misma reunión, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión hizo notar su preocupación porque la Ley pudiera consagrar la censura previa; por un tratamiento no diferenciado a los medios escritos y a los que dependen de concesiones del Estado; por la calificación a los medios como servicio público, y por la capacidad sancionadora de un Consejo de Comunicación que puede ser controlado por el Gobierno.
Ninguna de esas dudas se ha despejado. Y tampoco se ha cumplido la promesa gubernamental de tramitar reformas que despenalicen el desacato y la injuria no calumniosa. De modo que esa “socialización” sigue pendiente. Es el momento de hacerlo.