Aferrada a la puerta de ingreso del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil (CAI), Beatriz Morán esperaba ver a su hijo John, de 16 años. La mañana de ayer llegó al sitio, ubicado en Lizardo García y Calicuchima, para verificar si el joven no resultó herido tras la fuerte revuelta entre internos del martes en la tarde.
Después de una hora tuvo noticias. “Tiene el brazo y la cabeza rotos’ Siempre hay pelea. Al comienzo dividieron a los nuevos de los más peligrosos, pero otra vez los mezclaron”, cuenta.
A las 14:30 del martes, durante el horario de visitas, una lluvia de piedras y palos alteró el orden dentro del CAI. ‘Mirella’, madre de un joven interno, fue testigo de la contienda. “Como que se les metió el diablo. Había sangre por todos lados. Los policías dispararon al aire para tranquilizarlos, pero fue en vano”.
Golpes en la cabeza, heridas en el rostro y cuerpo fueron las secuelas. Incluso, un adolescente fue trasladado al hospital Luis Vernaza porque recibió una puñalada en el abdomen.
Los encargados del CAI se negaron a dar declaraciones. El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Kléber Loor, dijo que los controles se reforzarán. “Son peleas entre los chicos, ya estamos tomando medidas”.
El ir y venir de los sicólogos e inspectores que laboran en el CAI aumentaba los nervios de los familiares que se quejaban por la falta de seguridad.
“Esto no es centro de rehabilitación, es centro de destrucción”, reclamaba otra madre.
Ante las quejas, Loor explicó que planifican talleres y charlas sicológicas. También anunció cambios totales de los funcionarios encargados de los CAI, desde policías hasta directivos.
La familia Fajardo llegó desde Daule. Los gritos que escucharon cerca de una ventana del centro los alteraron. “Dios mío, otra pelea en el patio”, decían.
Actualmente el CAI agrupa a unos 170 jóvenes (de 16 a 18 años), divididos en cuatro celdas donde duermen en el piso.
Luego de conversar con su hijo, Mariuxi Zambrano esperó fuera del centro. Entre lágrimas pidió a los directivos que controlen a las bandas que, según comentan los padres, pelean por el dominio del CAI. “Hay gente de 28 y 30 años y no solo menores. Todo es una red de corrupción”.