El alcalde Barrera abrió un debate que genera polémica: financiar las obras viales de la ciudad en los próximos años con dineros de los vecinos de Quito.Luego del pico y placa, aceptado y hasta aplaudido, la propuesta es audaz y ha recibido cuestionamientos.
Las medidas de eliminación de subsidios a los combustibles que importamos para nuestro consumo han sido huella indiscutible de lo que muchos tildan de un pensamiento económico neoliberal.
Pero el Municipio propone estimar unas tasas de cobro solamente en el Distrito Metropolitano, lo que, a primera vista, generaría una situación de inequidad frente a los demás habitantes del país. El cobro, según las autoridades, no sería inmediato.
Para que el plan municipal se efectúe, se requiere de USD 2 000 millones. Una parte la pondrá el Gobierno central pero se busca extraer recursos directos de los vecinos de la capital, quienes ya aportan por distintas vías: la provincia de Pichincha y Quito, especialmente, son las zonas que más ingresos entrega al Estado por la vía de impuestos. Luego cabe decir que hay una patente de rodaje para los automotores que es un costo adicional y, como si esto fuera poco, los comercios pagan su patente y los propietarios de edificaciones, casas, oficinas, bodegas y hasta terrenos contribuyen con un impuesto predial. Otras ciudades del país han recibido por distintas causas, entre ellos el reclamo vigoroso de sus autoridades, considerables asignaciones para financiar sus obras viales.
Dentro del plan de recaudación la idea es colocar peajes que arrojarán mayores ingresos a las arcas municipales, pero no se sabe si afectará a la circulación. Una medida tan delicada que, aunque lo permite la nueva normativa legal, merece ser más analizada y consensuada.