Miguel Rivadeneira

Ultraje a la moral y la ética

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La experiencia de la última campaña deja muchas lecciones. Por un lado, esperanza frente al futuro del país, a pesar de las serias dificultades que en todos los campos recibirá el próximo gobierno, que deberá tomar medidas inevitables para corregir el rumbo del manejo económico por la enorme deuda y el exagerado gasto público que le dejan y que es insostenible. Por otro, el desgaste porque se ha visto cómo se ha ultrajado a la moral y la ética por casos de presunta corrupción, que debieran ir más allá de un proceso electoral, investigación en el debido proceso y con derecho a la defensa.

La Constitución, art. 83, obliga a los ciudadanos entre sus responsabilidades a denunciar y combatir la corrupción y resulta que quienes hicieron fueron perseguidos, procesados y condenados. Contrasta con la agilidad judicial en otros casos seguidos contra jóvenes estudiantes, dirigentes y activistas sociales, líderes indígenas, políticos opositores, veedores ciudadanos y periodistas, que recibieron sentencias rápidas, mientras casos como el de los comecheques se dilataron por años.

Actos de corrupción han existido en todos los gobiernos, en mayor o menor grado, pero resulta lamentable cómo se han degradado los valores morales y éticos cuando entre seguidores del poder se argumenta que mientras hagan obras no importa que roben. Tampoco es nuevo este justificativo, pero en esta revolución ciudadana se generaron falsas expectativas cuando hablaron de manos limpias y que se iba a cambiar todo lo del pasado. La Asamblea saliente quedó con una gran deuda en materia de fiscalización. Qué decir del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo primer mandato de la Constitución, art. 208, es la “transparencia y la lucha contra la corrupción”.

¿Dónde quedaron los principios morales y éticos? ¿Saben realmente lo que representan? ¿Acaso no fue visitado en la cárcel y defendido el ex ministro de Deportes acusado de corrupción y que recibiera luego sentencias condenatorias? ¿Es correcto meter las manos al fuego por quienes están acusados de irregularidades en el caso Odebrecht? ¿Y si luego resultan culpables aunque demoren las revelaciones hasta después de los comicios? Al ex ministro de Hidrocarburos de este régimen, prófugo de la justicia en el exterior, mediante decreto 1.005 del 29 de abril del 2016, el Ejecutivo le aceptó la renuncia, tras “agradecerle por los valiosos y leales servicios (a qué?) prestados a la República”. Hay el derecho a la defensa y el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero ¿es moral y ético quienes meten la mano al fuego por un docente sentenciado a 22 años de cárcel en primera instancia por abuso sexual a un pequeño niño pero no han salido a protestar por los actos de corrupción descubiertos en el sector petrolero? Parece que los valores están trastocados y se enseñan malos ejemplos a jóvenes, adolescentes y niños.