José Gallardo Román

Seis años y medio después

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21 de May de 2013 00:01

Alianza País llegó al poder por el repudio a ciertos procedimientos de la vieja política. Pero su Gobierno ha incurrido en igual y peor conducta: destituyó 57 diputados, ha violado la Constitución y ha concentrado todo el poder del Estado en sus manos. En base de esas acciones ha gobernado y ganado elecciones.

Es en este contexto y a la luz del dinero que ha dispuesto, que debe juzgarse su obra, en la que destacan: Atención a las personas discapacitadas; grandes puentes en los ríos Guayas y Esmeraldas y en el estuario del Chone; modernización vial, aunque con errores de prioridad; adquisición de edificios públicos; financiamiento de vivienda popular; inversión en sistemas hidroeléctricos, pero con endeudamiento caro y atado; incremento de la recaudación de impuestos, pero con la creación de otros que frenan el crecimiento económico; aumento de la inversión en educación y salud, aunque con caos y desorden; control de la indisciplina estudiantil y del orden público, pero con excesos represivos; incremento de recursos para combatir la delincuencia sin evitar el aumento del consumo de drogas; crecimiento de las afiliaciones al IESS, pero grave desocupación de empleadas domésticas; aumento de recursos económicos para la Función Judicial a costo de su subordinación al Ejecutivo; disminución del desempleo que sólo se explica por el inexplicable estancamiento de la Población Económicamente Activa (PEA); no pago de una parte de la deuda externa, y posterior endeudamiento con China, con pago en petróleo y a intereses tres veces mayores que el de las multilaterales; incremento de   3 000 millones de dólares por los nuevos contratos petroleros e inversión de 7 700 millones para sostener la producción que ha caído en 50 000 barriles diarios.

El Gobierno pide se reconozca su obra, pero niega la realizada antes: 19 extensas y difíciles carreteras que unen la Sierra con la Costa y el Oriente, decenas de miles de edificios de escuelas, colegios, universidades y hospitales, barrios populares, etc.

La administración que se inicia está obligada a realizar fundamentales rectificaciones: atraer inversiones para crear empleo estable y digno (en el año 2011, la inversión extranjera per cápita del Ecuador fue de 27 dólares, mientras que la de Chile llegó a USD 1 000, la de Colombia a USD 300 y la del Perú a USD 250); elevar la producción de petróleo y las reservas probadas; asegurar el comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, los mayores mercados del país; impedir la drogadicción; no politizar las Fuerzas Armadas, y, ante todo, forjar la institucionalidad democrática, basada en la independencia de las funciones del Estado y de los órganos de control y en el respeto de los derechos humanos, particularmente el de la libre expresión, para evitar que el Ecuador caiga en la tiranía y la ruina económica.