Hace siete años y cuatro meses Charlotte Mazoyer, una joven de 27 años, sufrió un asalto en Quito, al salir de su casa en Guápulo. Fue trasladada a un centro médico herida gravemente. Allí, cuentan sus amigos, demoraron en prestarle la asistencia necesaria y exigieron la presentación de una tarjeta de crédito como condición para intervenirle.
Finalmente, el Doctor Carlos López responde a la llamada, si bien él no estaba de turno, dicen los médicos. En cinco minutos llega, durante casi cuatro horas atiende a Charlotte, lamentablemente fallece en la sala de operaciones.
Indignación al conocer la noticia de una muerte producto de la maldad de quien disparó, indignación por la mezquindad humana de quien antepuso un pago a la prestación de la atención médica a quien estaba gravemente herida.
Aclaraciones, desmentidos. El dolor de una familia a quien le quedaba un poco de consuelo en la idea de que todos los responsables de la muerte tenían que ser condenados: los que la asaltaron e hirieron, los que faltaron a su deber de prestarle atención. Los tres asaltantes, los responsables directos de la muerte, son identificados, juzgados y condenados 21 años en prisión.
La familia y amigos de Charlotte dejaron saber, en más de una ocasión, que no sentirían que se hizo justicia mientras no se identifique, procese y condene a los responsables de demorar la atención médica.
Carlos López, el médico que no estaba de turno, quien acudió al llamado de emergencia y atendió a Charlotte por casi cuatro horas, es acusado, procesado y condenado a 12 meses de prisión en aplicación del artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente: “Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a personas en estado de emergencia serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses…”.
¿Se hizo justicia en las omisiones del centro de salud? Todo parece indicar que no y que el Dr. López ha sido castigado por lo que otros dejaron de hacer. No parece que podía imputársele responsabilidad por las decisiones que otros tomaron, que se tradujo en una demora indebida en la prestación de una atención indispensable. Hay responsables por la demora ¡por supuesto! Alguien ordenó no dar un servicio sin que antes se realice un pago, alguien ejecutó esa disposición, pero quien fue condenado no es el responsable de esas acciones.
No sé de medicina, pero quienes defienden al Dr. López sostienen que él no podía hacer nada en este caso: “debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la bala (perforó hígado, corazón y pulmones). La probabilidad de morir al momento del ingreso era mayor al 95 %”, se puede leer en la página web de la Federación Médica.
Carlos López fue detenido, lo que parece un abuso, una injusticia que afecta a quien estuvo allí en esos difíciles momentos. ¿Podemos esperar que se repare esto a la brevedad? La respuesta también es no, esta sentencia es una más de la Justicia en la que el poder “metió la mano”.