José Gallardo Román

Retiro de FF.AA. y Policía

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Cuando el joven ingresa a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, lo más probable es que no conozca el sistema de protección social que ampara a los miembros de estas instituciones. A su edad lo ilusiona vestir el uniforme militar o policial, de larga tradición de servicio y defensa a los ecuatorianos, y enfrentar los riesgos de su profesión. Con el paso del tiempo conocerá que los legisladores y gobernantes establecieron, desde hace años, un régimen especial de seguridad social en beneficio de él y su familia, seguramente porque tanto los militares como los policías están sujetos a un régimen especial de trabajo que les impide forjar un patrimonio material propio, grande o pequeño, que los ampare cuando se retiran a la vida civil, en la cual sus conocimientos profesionales, poco o nada les sirven para encontrar empleo, menos aún a la edad de cuarenta, cincuenta o más años.

La institución militar y también la fuerza policial, para ser efectivas, demandan la entrega total de sus miembros a las tareas que les corresponden: guardias de 24 horas, dos o tres veces en siete días, incluyendo los fines de semana; misiones especiales, patrullajes en la frontera y ejercicios de campaña por varios días con sus noches; pases inmediatos, con abandono de la familia o su sometimiento a diferentes privaciones si la lleva consigo. Además supone la apermanencia en lugares inhóspitos o donde las condiciones de salud y educación son precarias; régimen de trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, cuando los hijos duermen. Por todo esto no reciben remuneraciones extras.
No señalo los riesgos físicos y de responsabilidad, porque son inherentes a la profesión y vocación, militar y policial.

Si esta es la realidad, querer igualar la seguridad social de la Fuerza Pública con la seguridad social general, no es un acto de equidad sino una increíble injusticia que debilita a las instituciones responsables de la seguridad del país, peor aún si lo realizan sus máximas autoridades.

Para conocimiento público, debo señalar que hasta mediados de los años setenta del pasado siglo, los militares podían retirarse, con derecho a recibir prestaciones sociales, a partir de los quince años de servicio; pero, por obvias razones, ese tiempo se extendió a 20 años; y, desde 1992, debido a que la permanencia en cada grado se venía aumentando, el Directorio del Instituto de Seguridad Social de las FF.AA -ISSFA-, buscaba el momento propicio para solicitar se incremente a 25 años el tiempo de servicio para retirarse; esto con la finalidad de elevar el financiamiento de la seguridad social militar, dado que, por cada retirado que recibe prestaciones sociales, aporta uno en servicio activo.

Esta medida es indispensable porque un oficial que se gradúa de 22 años de edad, tras cuatro de formación, si alcanza la máxima jerarquía, se retirará con 69 años de edad y 47 de servicio activo.

Cosa semejante ocurre con la tropa, y seguramente es igual en la Policía Nacional.

Columnista invitado