23 de December de 2010 00:00

Prisión preventiva

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Miguel Macías Carmigniani

Creo que la prisión preventiva, de la cual se ha abusado en nuestro país, debe dictarse únicamente en los casos excepcionales señalados en la ley, puesto que existen varias medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.

La inseguridad en que vivimos no se soluciona con el simple hecho de eliminar la caducidad de la prisión preventiva ni incrementando las penas. Es necesaria una reforma íntegra en la administración de justicia y en la Policía Nacional, tendiente a obtener que el número de delitos que se cometen en el país se reduzca drásticamente; aunque mientras exista pobreza, la delincuencia no desaparecerá.

Debe permitirse la acumulación de penas para los delitos más graves y debe incrementarse el número de años para que prescriban esos delitos.

Es preferible que no prescriba la prisión preventiva en seis meses o en un año, según el caso, a que suceda lo contrario, pero es indispensable la creación de más juzgados, ya que es físicamente imposible que con los pocos jueces penales que existen en el país, no caduque la prisión preventiva en los términos que señala la ley penal.

Si bien es cierto que el incremento de las penas no va a solucionar el problema relacionado con la falta de seguridad en que vivimos, creo que eso ayudará a que el delincuente piense un poco más antes de cometer un delito.

Aparte de asignar mayores recursos a la Función Judicial, es de vital importancia que se instruya a los fiscales y a los jueces penales, mediante cursos académicos, porque muchos de ellos no tienen noción de la ley penal.

Para muestra un botón: hace un par de meses, el Gerente de una compañía multinacional denunció el robo de un contenedor con varios de sus productos. La semana pasada, varios agentes de Policía descubrieron que en un local de Guayaquil se estaban vendiendo esos productos, por lo que cogieron in fraganti a los delincuentes a quienes llevaron detenidos a las instalaciones de la PJ, para que el Juez Penal de turno califique la flagrancia, pero este, demostrando ignorancia, argumentó que como el robo había sido denunciado con anterioridad, él no tenía competencia para conocer de la venta de productos robados, por lo que se negó a calificar la flagrancia de ese delito, cuál es el de ocultamiento y venta de cosas robadas, cuya procedencia no pudieron justificar los delincuentes. Ese gerente ahora tiene que lograr que el parte policial sea anexado a la causa abierta por robo, dentro de la cual debe solicitar la prisión de las personas que la Policía detuvo la semana pasada y que el Juez ordenó su libertad, ese mismo día.

Si el Consejo de la Judicatura ha hecho mal uso de los fondos asignados a la función Judicial para este año, debe sancionarse a los responsables; aunque en mi opinión, esta siempre ha recibido menos de lo que requiere.

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