César Montúfar

La pobreza de las enmiendas

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El país político ingresa de lleno en la coyuntura de las enmiendas constitucionales que el Gobierno pretende aprobar en la Asamblea. Aquello nos trae nuevamente a discutir los graves problemas, de fondo y forma, que han rodeado este proceso desde que inició.

Poco se ha discutido sobre lo que este proyecto significa con relación a la promesa de refundación de la política que Alianza País (AP) propuso al Ecuador allá en 2006, cuando Rafael Correa irrumpió en el escenario presidencial.

En ese momento la lucha contra la llamada partidocracia fue el corazón del discurso correísta, y junto a ello, el llamado a cambiar las prácticas políticas del país. Correa denostó en contra de la politización de la justicia y demás organismos públicos; criticó vehementemente a la corrupción y la impunidad, e hizo de la participación ciudadana el emblema de su proyecto y así sedujo a millones de ecuatorianos. Todo ello se plasmó en la convocatoria a una Asamblea Constituyente y en la aprobación, vía referéndum, de una nueva Constitución muy generosa en derechos y garantías.

Este libreto comenzó a cambiar con la primera reforma constitucional, aprobada en Referéndum y Consulta Popular en mayo de 2011. Allí se evidenció que varios de esos postulados habían sido dejados de lado y que el Presidente, de forma clara y frontal, reclamaba el control e intervención en la justicia. Esta ocasión fue la primera señal de que el Gobierno tenía muy claro que su proyecto político requería romper con las promesas centrales de la campaña presidencial de 2006 y que, además, no tendría empacho en violar el pacto constitucional que había sellado con el pueblo ecuatoriano al momento de aprobar vía referéndum el texto de la nueva Constitución. No digo con esto que el proyecto autoritario del correísmo no hubiera estado presente desde el día uno en que Rafael Correa llegó al poder, sino que en ese momento se abandonó de forma definitiva la dimensión ética y democrática de la llamada revolución ciudadana.

En ese sentido, lo que ha venido después, no ha sido más que una constante degradación de las promesas de transformación política con que AP llegó al poder y aquello lo muestran de forma patética y descarnada las enmiendas constitucionales ahora en trámite. Primero, ya no se aprueban consultando al pueblo, sino con una mayoría legislativa dócil y servil al Ejecutivo.

Segundo, estas ya no reflejan el sentir de la mayoría de ecuatorianos, sino que pretenden aprobarse a sabiendas de que el pueblo no está de acuerdo con ellas. Tercero, en la propuesta del oficialismo no hay vestigio alguno de progresismo y avance de derechos, sino todo lo contrario. Lo que hoy nos propone, triste y paupérrimamente, AP ya no es el sueño de una política diferente, sino reelección indefinida, militares en las calles, menos derechos de participación, comunicación y laborales, menos atribuciones de la Contraloría, menos descentralización.

Esa la pobreza de las enmiendas; muestra un grupo en el poder decadente, reaccionario, aferrado a sus privilegios, que perdió toda visión de futuro y de democracia.

@cmontufarm