Resulta inimaginable que un país suscriptor de la Carta de Naciones Unidas, que debe su existencia precisamente a una resolución de la organización universal, decida por ley oponerse al funcionamiento de organizaciones ciudadanas que promueven la paz regional y mundial –razón de ser de la ONU- en su país con el pretexto de conocer las fuentes de su financiamiento. Pues ese país es Israel.
El derechista gobierno de Netanyahu, presionado –sin mayores resistencias- por sus aliados de la extrema derecha, ha aprobado un proyecto de ley que restringe las actividades de organizaciones nacionales de la sociedad civil que pregonan e impulsan la paz en Oriente Medio y la descolonización de los territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel. La justificación: reciben recursos de países, en especial europeos, involucrados en la restauración de la paz en varias regiones del mundo, lo cual puede interpretarse como una “injerencia en asuntos internos” de Israel. ¡Cómo si fueran suficientes y dañinos los aportes económicos para promover la convivencia pacífica entre seres humanos!
La ley que se tramita exige, por lo demás, que los miembros de esas asociaciones porten en las sesiones del Parlamento una etiqueta que los identifique con el nombre de la organización a la que pertenecen! ¿No les trae horrorosos recuerdos?
La Unión Europea, la principal organización donante y de la cual la mayoría de los Estados son los aportantes, ya se ha pronunciado y ha dicho que tal iniciativa “contiene reminiscencias de regímenes totalitarios”. Desconozco si la ONU ha dicho algo, lo dudo, a pesar de que debería hacerlo. Estados Unidos no dirá nada y si se pronuncia será para apoyar a Israel.
Ni me planteo que la OEA se manifieste. No estaría mal que América Latina, a través de alguno de sus organismos regionales, de los que estamos llenos, haga saber su rechazo. No sería de extrañar que haya donantes latinoamericanos para organizaciones pacifistas en Israel.
No es solamente paradójica sino condenable esta decisión que limita las donaciones para actividades que tienen como fin promover la paz cuando paralelamente, el Estado israelí recibe multimillonarios aportes no solo financieros sino tecnológicos por parte de Estados Unidos, no para ONG, sino para sus Fuerzas Armadas, que, por supuesto, sirven para hacer la guerra y no la paz. En otras palabras, será ilegal en pocos días recibir recursos para la paz y legal y necesario para hacer la guerra.
Coincide con esta iniciativa de Netanyahu otra igualmente condenable: reemprender el proceso de ampliación de asentamientos en Cisjordania, cerca de Jerusalén, en zona arrebatada por la fuerza a Palestina, y, lo que es aún más grave, romper así la continuidad geográfica de Cisjordania.
Con estas iniciativas está claro que Israel no quiere la paz.