León Roldos

...y se llaman revoluciones

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23 de julio de 2014 00:05

León Roldós Aguilera
lroldos@elcomercio.org​

Entre realismo, pragmatismo y cierto cinismo podría decirse que en muchos procesos no hay tales verdades absolutas, que todo depende de quienes están en el poder para invocarlas, o de quienes son contrarios para cambiar de posición.

Hoy en el debate nacional están varios temas en que parecería se privilegia a factores subjetivos de poder, de modo que podría entenderse que, antes que principios o normas objetivas, lo que importa son las personas naturales que engendran las decisiones, o contra las que se direccionan.

En democracia efectiva eso no debería ser, porque en principios -y en infracciones contra estos- las normas y las conductas deberían estar sobre las personas que decidan o actúan.

Y en no pocas ocasiones mientras el discurso es más sonoro, en los hechos se actúa en dirección contraria.

El caso de la Revolución Mexicana y el sufragio efectivo por décadas fue evidencia de aquello. Se multiplicaba la frase “sufragio efectivo, no reelección” y toda la estructura del poder mexicano, bajo el dedazo del PRI, estuvo al servicio de una espantosa corrupción política y económica. En política internacional, había expresiones de soberanía que “lavaban” la cara de sus actores.

Las revoluciones de los “ismos” usualmente colocan a estos como la razón de ser del Estado. Las del siglo XXI lo expresan abiertamente, por eso todo lo que para su ejecución debe hacerse, debe validarse de cualquier forma. Los tachados de estar por la restauración conservadora deben ser cuestionados por no estar a servicios de los “ismos”.

¿Habría sido esperable en gobiernos burgueses de derecha el estrangulamiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector público que se inició en la Asamblea de la Revolución de Montecristi, año 2008? ¿Hubo abusos desde los sindicatos públicos? Claro que sí, pero la ley debe estar para rectificar conductas, no para estrangular principios.

¿Habría sido pensable sistemas de seguridad social en que al Estado principal empleador y deudor del financiamiento de prestaciones nunca se le daría el tratamiento de deudor en mora, porque solo se salvaría de esto pagando la renta promedia de lo que producen sus inversiones?

Verdad que antes –y no en pocas ocasiones- el gobierno paritario del IESS, de empresarios, y trabajadores y del Estado fue fuente de la corrupción de la parcelación de entidades, unidades y negocios del IESS.

Pero ¿será la solución una caja menos o más grande de fondos que le deben pertenecer a los trabajadores y jubilados que la maneje el Estado –léase el gobernante de turno- casi a su conveniencia?

¿Habrá cifras actuariales que evidencien aportes equitativos y no sobre cargos, porque el Estado podría pasarse en mora sin pagar intereses ni multas por sus aportes y contribuciones impagos?