José Ayala Lasso

¡La Justicia soy yo!

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 39
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 288

¡Que se la expropie! Es la voz estentórea del líder mesiánico que, paseándose por la plaza Bolívar de Caracas, señala con el dedo a una casa de propiedad privada en donde había pernoctado el Libertador. Desconocidos así los límites de la legalidad, se apropia de un bien para suscitar la gratitud del pueblo, del mismo pueblo al que acaba de dar una de las tantas lecciones de abuso, arbitrariedad y prepotencia.

¡Que se descuente de los fondos del Issfa la cantidad excesivamente pagada por la compra de los terrenos del parque Samanes! Es otro líder mesiánico que ha hablado, como Zaratustra, para decidir, sin apelación, qué es lo bueno y qué lo malo. Es la voz de quien, jefe de todos los poderes del Estado, dicta sentencia para zanjar un desacuerdo administrativo. Más de una forma legal de solución existían para evitar una confrontación que, salida de sus cauces, se presenta con caracteres que afectan a la débil estructura democrática de la nación.

La similitud de las actitudes de los líderes populistas de Caracas y Quito es evidente. Colocados frente al pueblo y deseosos de recibir su aplauso, ni Chávez ni Correa se inmutan cuando anuncian la desaparición del estado de derecho y el reconocimiento de que la ley sirve cuando puede ser interpretada en favor de la ideología política dominante, sujeta a la voluntad de quien define los objetivos de la revolución y el camino para alcanzarlos.

Si un contrato es ley para las partes, violarlo es violar la ley. Si las partes acordaron acudir a la instancia judicial para resolver una eventual controversia, tal era el camino para zanjarla. ¡Pero no! La voz del líder necesitaba hacerse oír y su voluntad expresarse con el coraje de quien ejerce autoridad indiscutible.

Además, no cabía dejar que el más mínimo asomo de pensamiento crítico encontrara terreno fértil en las filas militares. Y así, el problema administrativo se convirtió en una confrontación compleja que no augura nada bueno para el país.

Considerando quizás que las consecuencias jurídicas de estos hechos pudieran afectar a una importante afiliada al partido oficial, sus servicios legales optaron por “curarse en sano”. Surgió la teoría del “error de buena fe”, para prevenir cualquier consecuencia inculpatoria que pudiera derivarse del informe que está elaborando la Contraloría en lo tocante al manejo de fondos públicos.

He allí el problema, al que se suma un ingrediente de no menor importancia. Las Fuerzas Armadas se han sentido afectadas en sus derechos económicos y ofendidas por los términos despectivos empleados por el Presidente y el Ministro de Defensa. La separación intempestiva del alto mando militar es grave. Sus reemplazantes se encuentran en una difícil disyuntiva: obedecer ciegamente a quien las comanda o reflexionar sobre el valor de la ley y de la democracia.

jayala@elcomercio.org