Manuel Terán

¿Imparciales?

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Inmersos en la búsqueda de la hegemonía total, donde no exista ni un solo espacio para la discrepancia con los poderes locales, los gobiernos pertenecientes a la corriente populista en boga han dirigido sus baterías a atacar a los medios de prensa y periodistas que no se hallan alineados con sus proclamas. La receta se volvió conocida: hostigamiento, sanciones, nueva normativa, ataques verbales; en fin, un corolario que hiciera reconsiderar a quienes se atreven a expresar su opinión, para evitar chocar con la maquinaria de respuesta orquestada desde los Estados. En ese proceso se ha hablado reiteradamente que lo que importa es que la población se halle informada “objetivamente” por los medios bajo control estatal. Muchas veces se esgrimió como ejemplo para avanzar en esa cruzada el rol que tenían en países europeos entes que, aparentemente, se manejaban por profesionales que estaban distantes de la disputa política, realmente independientes, sobre los cuales recaía la tarea de informar sin sesgo de ninguna clase. A juzgar por las notas aparecidas en la prensa internacional, esa situación “idílica” no existiría más, al menos en lo que concierne a España.

En efecto, se señala que el Gobierno de centro derecha ha escogido para presidir Radio Televisión Española a una persona que ya estuvo anteriormente al frente de ese medio, todo esto sin el consenso que tiempo atrás era necesario para realizar estas designaciones. Hay que recordar que previamente se había modificado la ley con lo que, desde lo formal, ya no se necesitaba alcanzar acuerdos. Pero más allá de lo que podía decir el texto legal, se aspiraba a que en los hechos se designe a una persona que diere garantías suficientes de imparcialidad.

También recogen los periodistas que, meses atrás, se habría escuchado a diputados de ese partido gobernante mencionar la necesidad de dar un giro a ese medio porque, tal como estaba, en las elecciones “no llegarían a ninguna parte”. Si damos crédito a la versión periodística, se desnuda en su real dimensión la quimera que los medios públicos tienen como deber supremo velar por la objetividad. Todo lo contrario, siempre serán una tentación muy grande para convertirse en instrumentos de la propaganda oficial.

Parafraseando la nota de prensa, se torna inevitable la sospecha que la televisión pública no pertenezca a los ciudadanos, sino que sea propiedad de los partidos que se hallen en el poder. Se convierten en sus medios de propaganda. Esto sucede en cualquier circunstancia y no es asunto patentado por derechas o izquierdas, lastimosamente es el uso indebido que unos y otros hacen de los bienes públicos en favor de intereses partidistas. Hablar de transparencia o democracia en esos contextos parece una burla macabra. El que sale perdiendo en todo este entramado es el ciudadano común que no encuentra otra manera de informarse o, simplemente, tener otra versión de cualquier hecho. Si eso pasa en supuestas democracias maduras ¿qué podremos decir de la realidad que impera a este otro lado del océano?

Manuel Terán / mteran@elcomercio.org