Miguel Rivadeneira

Las enmiendas no resuelven la crisis

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Las enmiendas constitucionales aprobadas en medio de fiesta del oficialismo no arreglan la aguda crisis económica interna, que más debiera preocupar. Solo intenta acomodarles en el poder. Se hizo con represión en las calles y a espaldas de un pronunciamiento popular como ocurriera el 2008. Tampoco se soluciona con discursos y propaganda oficial. La realidad es preocupante, no solo por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, sino por el mal manejo fiscal y el enorme gasto público. Se evidencia también por la caída de las recaudaciones de impuestos.

La factura de la demagogia y del doble discurso, que no todos reflexionan, mantiene obnubilada a una parte de la población como si aquí no pasara nada. Tanto criticaron al pasado por el enorme endeudamiento externo para caer en lo mismo. Tanto cuestionaron el pago de los compromisos internacionales para cumplir mejor que los anteriores regímenes, pero incumplir con la deuda interna que tiene asfixiada a la empresa privada nacional, que está en indefensión frente al poder, con un resultado negativo por el aumento inocultable del desempleo y el subempleo. Allí están afectados los sectores de la construcción y de servicios, entre otros.

Un prestante empresario decía hace poco que, con el dolor del alma, se veía abocado a despedir a centenares de trabajadores porque tiene varios millones de dólares por cobrar del Estado, al igual que sufren otros, y ante las críticas laborales les imploraba que el reclamo debían hacer en la Plaza Grande .

El gasto público excesivo ha seguido a vista y paciencia del país, la enorme burocracia que disfruta de los cargos y altos funcionarios con asesores y buenos sueldos, en contraste con el drama en el sector privado. Empresas públicas ineficientes –el caso de una de transporte aéreo- que cambian de autoridades y no atinan a sacarle de la crisis. El buen vivir no ha sido para todos, con una secretaría de la felicidad para unos pocos. En un país agropecuario, la denominada revolución agraria sigue pendiente tras nueve años de administración, con el fracaso de un Banco de Fomento que no pudieron arreglar.

En el pasado se había declarado la caducidad del contrato con una empresa transnacional petrolera, pero con ligereza y prepotencia se llegó a amenazar con señalar traidor al país al que no actuaba a favor de esta tesis. Hoy, con el fallo final en contra del Estado para que pague más de un mil millones de dólares de los escasos recursos existentes, bajan el tono con la derrota entre manos e invocan a un arreglo amistoso tras los hechos consumados.

Están liquidando la seguridad social y al IESS con decisiones irresponsables. Primero eliminan el 40 % de los aportes para las pensiones jubilares y hoy desesperadamente intentan tomarse parte de sus asignaciones para tapar huecos con las enormes deudas en materia de salud cuando la ley, art. 122, prohíbe expresamente.

mrivadeneira@elcomercio.org