4 de April de 2013 00:01

ESTUDIANTES DEL CENTRAL TÉCNICO

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La jueza Eliana Carvajal cerró el caso. El fallo del fiscal Bormann Peñaherrera no entregó sustentos suficientes para seguir adelante con el proceso. El Presidente de la República no puede apelar, como lo anunció, por no constituir parte del proceso. Pero se adelanta que podría revocarse el dictamen del fiscal, pese a que no se hallaron pruebas contra los detenidos.

Rafael Correa piensa que la justicia actuó bajo presión de la prensa. El periodismo no está para ejercer presión sobre los poderes públicos, pero sí para sacar a la luz lo que se quiere ocultar y para ventilar los temas. Ese es el papel en una sociedad democrática.

El Presidente tiene razón en su condena a los actos vandálicos. No se los puede aupar ni proteger. Y debió hallarse responsables, aunque eso no significa condenar a inocentes si las pruebas no son contundentes.

De la protesta vandálica y la destrucción de la propiedad privada al imputado delito de rebelión hay una distancia muy grande. Se puede volver a pensar que la criminalización de la protesta es una salida apropiada.

Decenas de estudiantes afrontan procesos distintos. A muchos los quieren sancionar impidiéndoles, como ha ocurrido, entrar a clases. Las autoridades educativas estudian el caso. Se habla de suspensiones y hasta de cambios de colegio. Hay que condenar los hechos violentos, pero eso no significa cerrar las puertas a los estudiantes para que reflexionen y hallen opciones de estudio y progreso.

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