Francisco Carrión Mena

¿Obstáculo a la democracia?

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Nada más democrático que acudir al pueblo para que se pronuncie ya sea para elegir dignatarios en los diferentes niveles y funciones del Estado como para reformar la norma suprema que lo ordena o para modificar leyes que la Asamblea Nacional no puede o no quiere hacerlo. Con tal objetivo la carta de Montecristi estableció los pertinentes procedimientos.

Por supuesto, con ese propósito hay que seguir esos procedimientos constitucionales y las leyes vigentes según el caso de que se trate. El 2 de octubre último, el Presidente Moreno, conforme a la Constitución y de acuerdo con sus atribuciones, decidió iniciar un proceso para consultar al pueblo ecuatoriano, para su aprobación o no, de siete preguntas sobre temas de trascendencia nacional y que, en la coyuntura, permitan una mayor gobernanza del país que atraviesa una grave crisis en varios ámbitos. El primer paso: la Corte Constitucional.

No se trata de cuestiones menores como peleas de gallos, corridas de toros o juegos de casino. No, son preguntas de fondo que nos interesan a todos para mejorar la institucionalidad, la democracia, el comportamiento social y el cuidado del medio ambiente. No faltan razones para que interrogantes de esta naturaleza sean aceptados por los miembros de la Corte.

Tras el anuncio de su decisión, procedió, conforme a la ley, a notificar a la Corte Constitucional para que califique, precisamente, la constitucionalidad de las preguntas. Y es en esta instancia donde han aparecido los primeros y sospechosos obstáculos en razón de la injerencia política de un sector del hasta hace poco poderoso movimiento Alianza País.

Resulta inconcebible que la Corte Constitucional, ente cuestionado y sin la legitimidad de la elección directa del pueblo, con miembros que se deben a un solo partido político -compadres, amigos cercanos de quienes participaron del gobierno de Correa- trabe o inclusive pretenda escamotear el pronunciamiento, este si popular y directo, que ha sido propuesto por el presidente. Esos intereses partidistas, con el tiempo que corre, están ya manchando el trámite de la Corte en la medida en que hasta el momento, y en los próximos días serán dos meses, no hay un pronunciamiento favorable que, cumpliéndose los plazos internos, parecía expedito y de cajón.

No pueden tinterilladas ni mañoserías legales, que, por el contrario, está claro que son políticas, impedir que el pueblo se exprese y decida lo que cree que le conviene ante el requerimiento del Jefe de Estado.

Resulta una paradoja: la Corte Constitucional parecería un impedimento para que el pueblo ejerza su derecho a expresarse libre y democráticamente. Sus jueces están jugando con fuego…