Francisco Carrión Mena

Institucionalidad fracasada de AP

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Entre los supuestos logros reivindicados por la Revolución Ciudadana durante sus largos diez años de gobierno ha sido la tan cacareada nueva institucionalización del Estado.

No han dejado sus máximos líderes de proclamar como un éxito la creación y funcionamiento de instituciones sustentadas en la nueva Constitución, la de Montecristi, y en sus leyes conexas. Dos ejemplos: la Asamblea Nacional, con normas sui generis como el debate de leyes en comisiones y solo aprobación de informes en el pleno y el pedido de información al Ejecutivo exclusivamente a través de la Presidencia, y la designación a su antojo de autoridades de control por parte del ya famoso y desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Estas instituciones y sus responsables, que pretendían ser refundacionales de la patria de manos limpias, han terminado, por el contrario, en debilitarse, corromperse e irrespetar al pueblo a causa de la politización e incompetencia.
Ahora que el Estado hace agua por todas partes como resultado de la colosal corrupción, la Contraloría ya no es de fiar, su titular, censurado y prófugo, y de la Fiscalía, que se mueve con pies de plomo en casos que afectan al gobierno y que la información pública se conoce por la prensa antes que por ella misma, nadie confía en sus responsables. ¡Qué decir del CNE, de la misma Corte Constitucional, de la función judicial, del Servicio Exterior, de las irrelevantes Superintendencias una para el poder del mercado, otra para controlar los medios de comunicación, en fin! Todas desacreditadas que no están a la altura de la tan compleja coyuntura que atraviesa el país.

En tal situación, todo ese entramado jurídico-político ha sido puesto a prueba y, hasta el momento, ha sido inútil. No ha sido capaz de evitar un cisma en la cumbre del Ejecutivo; no ha servido para solventar los graves problemas de sus respectivos sectores. Las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción han quedado desnudadas en su capacidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. No han podido combatir los abusos cometidos por autoridades y políticos al extremo de quitarle todo sentido a esa afamada nueva institucionalidad con la cual AP iniciaba una nueva república en la cual nada de lo anterior tenía valor.

Es un fracaso del Estado que requerirá de décadas para recomponerse. Está en el presidente Moreno, y los que le acompañan de buena fe y coinciden con sus postulados, no solo sacarnos de este nido de escándalos, limpiarlos y reconducirnos a la democracia sino sentar las bases de una institucionalidad sólida y eficiente. Y en esa tarea todos debemos arrimar el hombro excepto los responsables del descalabro que aún están medrando del poder.