El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo estableció el 21 de febrero del 2017. La tendencia del escrutinio era irreversible y la segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente se convertía en algo oficial.
Pero el país no lo dio por hecho hasta el día siguiente, cuando el presidente Rafael Correa lo reconoció en un diálogo con los corresponsales de la prensa extranjera. Se dio como si él fuera la autoridad electoral frente a la opinión pública.
Lo ocurrido evidenció el papel que ha cumplido el CNE en estas elecciones.
El domingo 19 de febrero, tras los comicios, el titular del organismo Juan Pablo Pozo se refirió al país en una cadena nacional de radio y televisión y garantizó un proceso transparente donde se honraría la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas.
Tampoco fue suficiente su intervención. Ciudadanos, líderes políticos, candidatos, representantes de gremios se lanzaron a las calles para exigir que eso que se había dicho en TV se plasme. Hubo una desconfianza que persiste y que será difícil de desvanecer por más que ahora el Gobierno intente mostrar una supuesta pugna con el CNE, por un fraude electoral.
La credibilidad de una persona, de una institución, no es una cuestión de fe; de creer ciegamente. La credibilidad, la autoridad, se construye y se gana con hechos, no con discursos. Y los hechos que han precedido las elecciones han dado pie a la polémica.
El Tribunal Contencioso Electoral desechó un proceso contra A. País por la transmisión en vivo (en medios públicos) de la convención donde se proclamó su binomio, en menoscabo de los otros binomios. Lo mismo pasó con la denuncia por carnetizar personas aprovechando las ferias del Régimen. Se argumentó problemas de “forma” en las denuncias.
La exjueza Patricia Zambrano renunció luego de que la oposición alertara sobre mensajes en Twitter a favor de A. País. Y el actual director de Informática del CNE, Marcelo Olivo, ocupó antes el mismo cargo, pero en A. País.