Julio Echeverría

Censura previa

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19 de February de 2012 00:01

La socialización del proyecto de Ley de Comunicación que impulsa la Asamblea Nacional, cobra singular importancia en el contexto de los polémicos fallos de la justicia, a propósito de las denuncias presidenciales contra medios y periodistas. La sospecha de que justicia y medios sean cada vez más sometidos al poder político, alerta sobre el destino de la demo-cracia y de las libertades en el Ecuador. La justicia al servicio del poder político, la comunicación controlada y canalizada para legitimar al poder, dos dimensiones que parecerían dibujar ahora con más precisión, el modelo político que persigue la revolución ciudadana.

La formulación del proyecto de Ley de Comunicación se inspira en un concepto de democracia en el cual esta deja de ser vista como control ejercido desde la sociedad al poder político, y es replanteada como control que ejerce el Estado sobre la sociedad a través de la regulación de los procesos comunicacionales; en esa dirección, desarrolla coherentemente los principios ya establecidos en la Constitución de Montecristi.

La ley redistribuye el espectro radioeléctrico, en ese sentido introduce criterios de redistribución y amplía la participación, en particular de la comunicación alternativa y de sus redes comunitarias. Sin embargo, y a pesar de la introducción de estos alcances, la Ley termina reduciendo significativamente los espacios para la emisión libre y plural de opiniones y de voces a través de los medios de comunicación.

Las regulaciones que introduce son implementadas por un “Consejo de Regulación y Control” con fuerte presencia y control gubernamental. Si bien retóricamente prohíbe la censura que se pueda ejercer al trabajo periodístico, termina promoviéndola, al responsabilizar a los propietarios de la opinión de sus editorialistas, al establecer la obligatoriedad de inclusión de contenidos en los medios, al determinar sanciones administrativas por la violación de derechos o la emisión de mensajes no adecuados. La ley induce a que sean los medios los que apliquen a sí mismos la lógica del control y de la obediencia, algo que con propiedad se denomina autocensura.

La comunicación es un bien espontáneo que debe fomentarse, aquí es regimentada al detalle bajo la lógica implacable del vigilar y castigar.

El poder requiere de un asentimiento que sistemáticamente debe canalizar y promover. La comunicación, vista como un campo instrumental y no como estructura de la vida social, como espacio donde se define el sentido y la identidad individual y colectiva, deriva en la construcción de un aparato de dominio, de un sistema de regulaciones dirigido exclusivamente a promover la aceptación de ese dominio.