Farith Simon

La Asamblea obsecuente

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El 11 de mayo la Asamblea cerró el período legislativo 2013-2017. Desde el oficialismo el discurso es de satisfacción, y de fijarnos solo en los datos oficiales podríamos decir que esta legislatura será una de las de mayor producción normativa de la historia del país: más de 65 leyes aprobadas, 5 500 solicitudes de información con un 90 % de respuesta y “más de quinientos mil ecuatorianos participaron en socializaciones, audiencias y consultas prelegislativas de leyes”, según el informe oficial. Los números impresionan, sin embargo, una evaluación del trabajo de la mayoría legislativa pone en evidencia tres defectos que serán, en mi opinión, su signo histórico: obsecuencia política, deliberación aparente y fiscalización inexistente.

En la Asamblea había una mayoría oficialista que les permitió manejar todas las decisiones relevantes, que no reflejó el verdadero apoyo popular recibido. Tres factores llevaron a una sobrerrepresentación poco democrática de Alianza País: el método de asignación de escaños, la forma de votación y la distritalización. Con un promedio de 49,8 % de los votos, AP obtuvo el 73 % de los escaños. Con esa mayoría calificada, el partido de gobierno pudo hacer y deshacer, al no depender de acuerdos y no responder en caso alguno a perspectivas, críticas o visiones diferentes a las suyas.

En los hechos el gran legislador fue Correa, los asambleístas en su mayoría carentes de capital político propio se limitaron a defender su puesto, con poca o ninguna coherencia con valores o principios democráticos. Tres temas son una representación emblemática de esta obsecuencia: la reelección indefinida, la explotación petrolera del Yasuní y el debate sobre la despenalización del aborto. Es posible verificar cambios dramáticos de posición en muchos legisladores a partir de una instrucción desde Carondelet, una actitud que podría resumirse con la famosa frase del humorista Croucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”.

Esto llevó a una simulación de deliberación, sesudas discusiones, múltiples consultas, “socializaciones”, como instrumento para legitimar decisiones ya tomadas. No significa que no se hiciesen cambios en los proyectos de ley, pero nunca se tradujeron en modificaciones importantes o sustanciales: una aplanadora de diferencias y de discrepancias externas e internas.

Obsecuencia y falsa deliberación sirven para explicar otros dos defectos: la poca calidad de muchas de las leyes aprobadas, algunas con errores tan evidentes que podían fácilmente arreglarse si hubiese existido un debate real; y, como no querían contradecir al Presidente se aprobaron textos legales claramente inconstitucionales, cuyos ejemplos abundan, el más reciente es el de los cuerpos de seguridad.
La deuda final de esta Asamblea es haber renunciado a realizar cualquier tipo de fiscalización, se redujo a un intercambio intranscendente de papeles. La obsecuencia les impidió cumplir con su rol.

@farithsimon