15 de marzo de 2016 00:00

Pocas sentencias por violencia contra la mujer

Xiomara visita el centro Tres Manuelas. Un familiar intentó abusar de ella. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

Xiomara visita el centro Tres Manuelas. Un familiar intentó abusar de ella. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Sara Ortiz

La diferencia entre denuncias por violencia de género y condenas es grande. En el informe número 39 de la Fiscalía se indica que de las 73 873 quejas solo en 400 hubo sentencias condenatorias. El resto de causas está en proceso de investigación.

Ese reporte oficial recoge las denuncias sobre cinco tipos de agresiones contra la mujer que fueron presentadas entre el 10 de agosto del 2014, cuando entró a regir el Código Penal, y el 30 de noviembre del 2015.

Allí constan violaciones, acoso, violencia sexual (afectar la integridad), golpes y violencia psicológica.

En esas estadísticas está el caso de Tamara, de 32 años. Hace 12 meses demandó a su expareja por haberla golpeado en las piernas con una correa. Por eso presentó una denuncia por maltrato físico.

Recuerda que la noche de la agresión él llegó con aliento a licor. La pelea se inició cuando la joven impidió que despertara a su hijo de cuatro años.

“Yo me negué a que el niño lo viera borracho, pero él decía que quería jugar. Eso le enojó”, cuenta la mujer.

Tres días después decidió poner la denuncia. Lo hizo en un juzgado del centro de Quito. Para entonces, las marcas casi habían desaparecido.

¿Por qué pocos casos llegan a sentencia? Hay varias razones que entorpecen la investigación y dificultan imponer una pena. Estas son la falta de pruebas y el abandono de las demandas. Así lo dice la Fiscalía en un informe sobre el tema.

Tamara cuenta que cuatro días después de poner la denuncia por violencia física recibió una boleta de auxilio, para evitar nuevas agresiones. Desde ese momento se olvidó de la demanda judicial.

La fiscal que tramita el juicio la llamó cuatro veces. Le pidió que se presentara para ampliar su versión pero hasta el momento no lo ha hecho.

Xiomara es otra víctima. Un familiar intentó abusar sexualmente de ella hace un año. Pero tampoco denunció. “No seguí el caso porque es él mi familia”.

Dice que el temor fue fuerte y que no sabía cómo denunciar. “Esto me generó un fuerte trauma que me afectó mucho”.

Ayer (14 de marzo) estuvo en el Centro Tres Manuelas, en Quito, para conocer de las terapias que allí dan a las personas afectadas.

Otra cosa que incluye en que el reducido número de sentencias es la fuga de los procesados cuando se inicia la investigación. Jaqueline Q. ha esperado justicia cinco años.

El sospechoso de haber abusado sexualmente de su hija de 10 años y de otros niños de Quito estuvo prófugo desde el 2011 hasta septiembre pasado.

“Ha sido frustrante porque yo no creo que mi hija ha superado el trauma y porque hasta que no haya una sentencia no me sentiré en paz”, asegura.

Gustavo Jalhk, presidente del Consejo de la Judicatura, detalló que hasta febrero pasado en Quito y Guayaquil existían 527 procesados, por todos los delitos, que no habían sido capturados por los agentes.

Eso ha impedido que los juicios avancen. “Los jueces recuerdan a los funcionarios policiales la obligación que tienen de colaborar con la justicia”, dijo el 18 de febrero.

Ya en septiembre del 2015, Jalkh reconoció que hay un número ínfimo de sentencias en los casos de violencia psicológica. Su propuesta para solucionar fue que en lugar de ser un delito, que se sanciona hasta con tres años de cárcel, la violencia psicológica sea una contravención.

La idea de este cambio es que los acusados reciban una sentencia en la primera audiencia de flagrancia. La reforma de este artículo todavía se tramita en la Asamblea Nacional.

Ayer, este Diario reveló que en los casos de femicidio hay 21 sentencias de 73 denuncias entre el 10 de agosto del 2014 al 15 de febrero de este año.

Silvia Juma, fiscal adjunta de Pichincha, explica que para llegar a una sentencia, los fiscales deben probar que la muerte de una mujer no fue una casualidad, sino que la víctima estuvo en un ciclo de agresiones que terminó con su muerte. “Debemos explorar el historial de violencia”.

Uno de los casos que conmocionó a un barrio de Guayaquil es el ataque con un producto químico a una mujer. El sospechoso de la agresión es investigado por intento de femicidio, pues su expareja resultó afectada en al menos el 50% de su cuerpo.

Rosita Ortega, de la Plataforma Justicia, conformó un grupo con las familias de mujeres asesinadas. Esto lo hizo luego de la muerte de su prima Vanessa Landínez Ortega.

Desde esa agrupación dice que es necesario tener una ley que trate exclusivamente la violencia contra la mujer.

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