En este punto, en el Suburbio oeste de Guayaquil, se produjo el ataque con ácido. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
El sábado 5 de marzo era un día especial para Mónica. Era la graduación de Josué, su segundo hijo. Así que salió al mediodía de su casa, ubicada en el Suburbio guayaquileño, para preparar una pequeña reunión familiar. Pero sus planes cambiaron cuando iba de regreso con las compras junto a Martha, su cuñada; y Nathaly, la menor de sus tres hijos. A las 13:28, Alfredo V. P., su expareja, apareció a sus espaldas cuando caminaba por la calle Gallegos Lara. Se acercó corriendo, la tomó por el cabello y roció sobre su rostro un líquido que llevaba en un tarro metálico. Era ácido.
“El cabello se le puso anaranjado y la piel se le puso café”, recuerda Cindy, su nuera. “Le echamos agua y después se la llevaron al hospital”.
Hace un año, Mónica decidió separarse del padre de sus hijos. Se cansó de las agresiones, entonces pidió una boleta de auxilio. “En su momento estuvo preso 15 días por problemas de violencia intrafamiliar”, se lee en la denuncia presentada ese mismo sábado, ante la Fiscalía. Una copia reposa en la mesa del comedor de la casa de Mónica, donde cada tarde recibía a los niños del barrio para ayudarles con sus tareas.
La mujer, de 40 años, no es profesora ni parvularia. Pero desde que se separó de su exconviviente empezó a dar clases de nivelación a escolares por USD 2 o 3 diarios. Así reunía dinero para ayudar a sus hijos de 20, 18 y 16 años.
La mañana de ayer, Cindy recordaba las lecciones que su suegra dio hasta la semana anterior a unos vecinos. “A uno le estaba enseñando a leer con los signos de puntuación. Y a otro, recién le estaba enseñando a identificar ma, me, mi…”.
Desde el sábado, Mónica estuvo en observación en el Hospital Abel Gilbert Pontón. Los médicos determinaron quemaduras en el 35% de su cuerpo, aunque en una primera valoración se habló del 50%.
El rostro, uno de sus brazos, parte de la espalda, la cadera y parte de sus piernas fueron afectados por ácido sulfúrico. Según la valoración oftalmológica, hay cierto grado de afección de las córneas.
John Villegas Graham, jefe del Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva del Abel Gilbert, dice que no es el primer caso de este tipo.
El año pasado atendieron seis hechos similares: agresiones con ácido a mujeres y casi siempre premeditados, que buscaban desfigurar el rostro.
“El problema de las quemaduras por agentes químicos es que causan daños irreparables. Son lesiones profundas, quemaduras de tercer grado que destruyen la piel e incluso parte de los músculos”.
El tratamiento hospitalario se puede extender por más de 30 días, entre operaciones para retirar el tejido dañado, injertos, curaciones, cirugías reconstructivas y una larga terapia psicológica.
La tarde del martes, cuando se recordaba el Día Internacional de la Mujer, Mónica era trasladada en una ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Luis Vernaza. “Soy la única que sabe cómo está. Emocionalmente está destrozada”, dice Sandra, una prima.
En la sala de espera cuenta que el tratamiento completo le costaría a la familia entre USD 20 000 y 40 000. “Anoche entró a quirófano y le quitaron parte de la piel”. Poco después pudo entrar a verla, y 10 minutos más tarde salió llorando angustiada. “Su pronóstico es reservado”, dijo.
Carlos, un testigo, ayudó a capturar al agresor, a quien conocía desde pequeño. En las baldosas, donde sucedió todo, resaltan unas manchas blancas de gotas. Y un rastro rojizo quedó marcado sobre una rampa de piedrecillas.
El hecho fue captado por dos cámaras de vigilancia, instaladas en una farmacia ubicada en la esquina de la calle 4 de Noviembre. La Policía ya tiene una copia del video, en el que además se observa la afectación que sufrieron la cuñada y la hija de la víctima.
Ambas tienen quemaduras en sus piernas y según los reportes médicos deben asistir a curaciones por ocho días.
Alfredo V.P. era ebanista. Ahora está en la Penitenciaría del Litoral. Enfrenta un proceso por intento de femicidio, delito que el Código Integral Penal sanciona con cárcel de uno a dos tercios del mínimo de la pena por femicidio (que va de 22 a 26 años). “Nadie aguantaría lo que ella aguantó”, dice una pariente del detenido. “Yo podría estar sin comer, pero no soportar golpes”.