19 de November de 2009 00:00

La responsabilidad

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Milton Castillo Maldonado

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‘Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público...”. (Corte Interamericana de DD.HH.).

La “responsabilidad” es quizá la más debatida, profunda y antigua institución jurídica que en resumen, implica tener absoluta conciencia y voluntad para distinguir entre el bien y el mal.

La responsabilidad es civil y penal; la civil nace esencialmente en tres casos: 1. Contractualmente, cuando alguna de las partes incumple y daña al otro;  2. Por orden de ley, como en las relaciones de familia que imponen al padre o madre ciertas obligaciones sobre sus hijos; y, 3. La extracontractual, cuando sin necesariamente mediar contrato o ley hay una acción que daña a otro por  quien teniendo la obligación de actuar con prudencia y diligencia  no lo hace, verbigracia: los apagones.

En materia civil, la responsabilidad puede ser solidaria, es decir, compartida entre quien causó directamente el daño y su empleador, entiéndase entre periodista y medio de comunicación.

En materia penal la responsabilidad es personal, no puede ser solidaria y deberá demostrarse el ánimo de causar daño a la víctima para que exista sanción. Por ejemplo, cuando se acusa a alguien injustificadamente de un delito, de un acto inmoral, de un vicio que no tiene y que se entiende socialmente como afrentoso para la víctima, lo punible nacerá cuando se demuestre ‘animus injuriandi’ en quien emitió la información u   opinión.

En la actividad periodística la responsabilidad aparece posteriormente a la emisión del mensaje u opinión, por eso se llama ‘ulterior’. En democracia, esta responsabilidad no es rígida, está garantizada tanto por normas denominadas de ‘exceptio veritatis’, es decir, constatables con la verdad, cuanto por la obligación del Poder de someter sus actos al escrutinio público. Escrutinio que no injuria sino que desenmascara e informa.

La Corte Interamericana ha dicho de la responsabilidad ulterior: “Las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención (Interamericana), de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático”. Al parecer, con la nueva Ley se pretende normar al periodismo, pero no al poder.
Columnista invitado

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