9 de August de 2010 00:00

El acuerdo de Tababela tiene cláusulas suspensivas

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Redacción Quito

El nuevo acuerdo para la construcción del aeropuerto de Quito, que se firma hoy, ratifica cuatro aspectos de carácter legal y económico.

Augusto Barrera, alcalde de Quito, habló ayer con EL COMERCIO y explicó los términos del acuerdo de la alianza estratégica que se suscribe hoy, con la presencia del Presidente de la República, representantes de los organismos de control del Estado, ministros y concejales.

Barrera dijo que el primer punto que se ratificará es el cambio de un modelo de concesión a uno de alianza estratégica.

El segundo aspecto que se reafirma es el carácter público de las tasas aeroportuarias. “La tasas que se pagaron durante estos años son consideradas como participación pública”.

Esto permite que el Municipio participe directamente en el negocio de la nueva terminal aérea. Recibirá el 26% de las ganancias y obtendrá USD 877 millones en 35 años. Esto difiere de los USD 225 que se tenía previsto recuperar, en ese mismo período, en el anterior modelo de concesión.

El tercer aspecto será la modificación del modelo de concesión firmado entre dos entidades privadas. En el contrato anterior la Corporación Aeropuerto de Quito (Corpaq) era privada y firmó con la concesionaria Quiport.

Ahora, el titular de la alianza estratégica es el Municipio, a través de Corpaq, que se transformó en una empresa pública.

El último punto se refiere a la garantía municipal. Barrera dijo que en el nuevo contrato desaparece esta figura que brindaba crédito de terceros. “Ahora si el contrato se rompe, el Municipio ya no tiene que pagar, sino que se queda con el aeropuerto”.

Sin embargo, aclaró que existen cláusulas suspensivas. Esto se refiere a condiciones previas para que el acuerdo entre en vigencia.

Una es el pronunciamiento que haga el Contralor sobre el nuevo contrato. El documento que se firma hoy pasará por una nueva revisión de este organismo estatal. Allí se determinará si cumple con todos las observaciones realizadas por Contraloría.

La segunda condición es determinar quién fijará el monto de las tasas aeroportuarias. Existe una incertidumbre si será el propio Municipio o el Gobierno.

Otro aspecto pendiente es la anulación de la demanda interpuesta por los bancos internacionales contra el Estado, en diciembre del 2009. El Alcalde explicó que la Procuraduría y los demandantes tiene un cronograma establecido para resolver el conflicto.

Barrera reconoció que sin el apoyo del presidente Rafael Correa habría sido muy difícil lograr la renegociación. “Más que un tema partidario, tiene que ver con alineamiento conceptual”.

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