28 de December de 2011 00:01

‘El veedor no ejerce un real control ciudadano’

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Gabriela Mosquera.
Su experiencia. Doctora en Sociología y abogada. Ha trabajado en temas de Derechos Humanos y pertenece a la coordinadora Andina de DD.HH.      
Su punto de vista. Sostiene que los veedores no tienen ninguna garantía para su ejercicio y que su naturaleza se desvirtúa.  

¿Cómo evalúa el modelo de participación ciudadana?

La participación ciudadana no debe ser entendida como un elemento de última data. Aparentemente, en la Constitución del 2008 aparece como un mecanismo y un derecho ciudadano. Sin embargo, el derecho de participar y decidir sobre los destinos del Estado aparece en la Revolución Francesa, que en un inicio fue incipiente pero que con el surgimiento de la corriente garantista del derecho permitió que el ciudadano tenga más poder de control.

En Montecristi, ese discurso fue uno de los pilares, pero en la práctica, ¿qué sucedió?

Todo se quedó en una Constitución de avanzada, pero que nunca se consolidó y quedó en letra muerta. Recuerdo que lo mismo sucedió en la Constitución de 1945, en donde el poder estaba representado por gremios. Pero en la Constitución del 2008 el poder ciudadano quedó como un lindo discurso.

¿A qué se refiere?

Estoy elaborando una tesis en la que denuncio que la participación ciudadana será institucionalizada en el Consejo de Participación Ciudadana, pero servirá como un cuello de botella del derecho de participar.

¿Cuál es su hipótesis?

El momento en que los veedores, que son controladores del poder político, deben calificarse y acreditarse como tales se está institucionalizando el derecho a participar. Así, los grupos de resistencia tendrán que pasar por esta institución para poder elevar su voz. El riesgo es real con ese mecanismo, todas las personas que deseaban vigilar los procesos fueron tamizadas.

¿Y el papel de los coordinadores de las veedurías que han sido críticos y han advertido irregularidades?

Recuerdo que Karina Guerrero, la coordinadora de la veeduría que vigiló el concurso del Fiscal, fue una de las críticas denunciantes sobre el proceso. Ella cuestionó que no se le permitió acceder a documentos además de reuniones a horas no usuales…

No ha sido la única crítica…

También recuerdo que en el concurso para Defensor del Pueblo existían reglamentos que fueron violentados por la Comisión de Calificación. Esteban Médicis, que fue el vocero oficial de esa veeduría, presentó una grave impugnación con base legal, que nunca tuvo una respuesta oficial.

Es decir, ¿la voz y el trabajo de los veedores ciudadanos no sirven para nada?

Hay veedores y veedores. La Coordinadora Andina de DD.HH. ha hecho ocho veedurías, y hemos descubierto que existen varios veedores que provienen de organizaciones afines al Régimen. Por eso, la veeduría cae en una falta de credibilidad. A esto se suma la limitación en el acceso a documentos y al ser un ejercicio ciudadano, sin ayuda del Gobierno, la ciudadanía pierde su poder de control

¿Qué ocurrirá entonces con este escenario?

Las veedurías van a tener que dejar la participación ciudadana real, para convertirse en un elemento rellenado de gente que se alinea a los grandes intereses.

Las críticas y denuncias de los anteriores veedores no tienen peso, puesto que no han logrado modificar ningún concurso, y más bien se los acusa de parcializados...

A Esteban Médicis, por ejemplo, el Consejo de Participación le abrió un expediente para investigar una reunión que realizó para determinar el representante que iría a la elaboración de las preguntas. Ahora empieza a ser perseguido y se pueden determinar responsabilidades.

¿Qué garantías hay para los ciudadanos con este antecedente? Es decir, que un veedor crítico sea perseguido.

Médicis, después de esa experiencia, pensará dos veces antes de volver a participar. Además, estas situaciones provocan en los ciudadanos una falta de interés en participar en procesos de este tipo, que además son voluntarios y en donde no existe ninguna paga ni reconocimiento

Pero no todas las veedurías han tenido esa condición...

Por ejemplo, la Comisión de la Verdad tuvo un presupuesto estatal considerable para ejercer una veeduría, además sus miembros tenían inmunidad. En cambio los veedores que vigilan los concursos no poseen un organismo de protección ni inmunidad alguna. Experimentamos la deconstrucción del poder ciudadano.


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